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EN CURSO LEGAL | julio-agosto 2020 | Escritura PÚBLICA | 27 vicio público, que además contribuya a dinamizar la re- construcción social y económica en esta compleja época, y en la era post-Covid. Durante esta legislatura nos va- mos a centrar en tres grandes aspectos: avanzar en los derechos y garantías de los ciudadanos, especialmente para los colectivos más vulnerables, promover la calidad del servicio público, aplicando criterios de eficiencia y, por supuesto, garantizar la accesibilidad. –¿Cómo ha modificado la pandemia el desarrollo del plan estratégico de trabajo del ministerio? –Es indudable que la pandemia va a suponer un antes y un después. La crisis del Covid y la declaración del esta- do de alarma se produjeron cuando llevábamos apenas dos meses en nuestros cargos. Nuestro principal objeti- vo en aquel momento fue que la Administración de Jus- ticia respondiera de forma adecuada a necesidad de prestar servicios esenciales, para que afectara lo menos posible a la ciudadanía, preservando al tiempo la seguri- dad laboral de los profesionales del sector. Fuimos cons- cientes de que el esfuerzo a realizar debía ser conjunto, de todas las instituciones y actores implicados en la Jus- ticia. Por ello, durante las primeras semanas de la pan- demia, establecimos entre todos una arquitectura de coordinación reforzada, que pronto dio forma a la Comi- sión de Coordinación para la gestión de la administración de Justicia, de la que forman parte el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Comuni- dades Autónomas con competencias transferidas, una representación de los colegios profesionales y el propio Ministerio de Justicia. Además de estas sesiones de coor- dinación semanales durante todo este periodo, que seguimos realizando actualmente, hemos tenido reunio- nes para consultas regulares con los sindicatos de fun- cionarios y con las asociaciones de jueces, fiscales y letra- dos de la Administración de Justicia, y asimismo se ha mantenido una comunicación constante y fluida con los Consejos profesionales. De esta forma, en consultas con todos los actores, aprobamos el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organi- zativas para hacer frente al Covid en el ámbito de la Administración de Justicia, cuya principal finalidad es que la sociedad española pueda seguir contando con el amparo de la Justicia durante esta etapa, garantizando la prestación de los servicios esenciales y minimizando los posibles riesgos para sus profesionales. En cuanto a la estrategia del Ministerio, creo que la pandemia nos ha servido para tener una imagen clara de las carencias del sistema para afrontar crisis como esta, lo que será útil de cara a hacer realidad los objetivos de Justicia 2030, para estar preparados para cualquier con- tingencia futura. Quiero destacar especialmente a este respecto la necesidad de extender las herramientas tele- máticas y de teletrabajo, así como mejorar las estructu- ras de gobernanza del sector, para asegurar una coordi- nación inter-institucional más dinámica entre todos, a partir de las experiencias aprendidas. Justicia 2030 no pierde sentido tras la crisis generada por el Covid, sino que lo gana. De hecho, el Proyecto Cero de Justicia 2030 ha sido desde el minuto uno la gestión del Covid, incluyendo los planes de choque, el Real Decreto Ley y el anteproyecto de Ley de eficiencia pro- cesal y telemática, entre otras medidas. Podemos sacar grandes lecciones del mismo. Como expresaba el secretario general de la Administración de Justicia recientemente, sin duda, hay medidas que “han llegado para quedarse”, como el teletrabajo, las videoconferencias o la ampliación sistemática y estructural de trámites esenciales online para el ciudadano –Ya estuvo en la sede de San Bernardo de 2009 a 2011. ¿Qué cambios sustanciales destacaría del Ministerio en esta década? –En esa etapa aprobamos el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012. El objetivo del Plan era lograr, en plazos realistas, que la sociedad espa- ñola dispusiera de un servicio público de Justicia ágil, transparente, responsable, plenamente conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de sus ciudadanos. En 2020, el objetivo, aun siendo el mismo en esencia, ha evolucionado. Nuestros trabajos en esta nueva etapa pretenden enlazar con esa visión en el marco de una nueva realidad, a través de Jus- ticia 2030, a la que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos. Lo que sí me gustaría destacar es algo que no Reconocimiento al Notariado E N abril, el ministro Campo agradecía pública- mente a los notarios la prestación de servi- cios esenciales durante la pandemia para la pro- tección de la seguridad jurídica. ¿Cómo ha sido la colaboración con el Notariado en estos meses? –Estrecha y fructífera. Los notarios, bajo las instrucciones de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, han desarrollado con ejem- plaridad su función, como servicio esencial, en cir- cunstancias muy complicadas, para sus empleados y para ellos mismos, dada la presencia física que requiere su función, guardando todas las medidas sanitarias. Hay pues que reconocerles expresa y públicamente su labor, porque han estado a la altura del desafío, prestando sus servicios que son a todas luces esenciales. «Nos vamos a centrar en avanzar en los derechos y garantías de los ciudadanos, promover la calidad del servicio público, y garantizar la accesibilidad» «Justicia 2030 no pierde sentido tras la crisis generada por el Covid, sino que lo gana»

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