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Respuestas del notario

Estoy en trato de compraventa de una vivienda, y he consultado a la oficina municipal de gestión tributaria y me dicen que pesa una carga del IBI sobre la vivienda de 1991 a 1995, no obstante los cinco últimos años están absolutamente al día. En dicha agencia me indican que no tiene por qué estar prescrita la deuda si hay expediente de embargo, por lo que tendrían que hacer comprobación en profundidad. No entiendo entonces la utilidad de presentar el último recibo pagado el día de la escritura pública, si ello no esclarece totalmente que haya o no cargas sobre la vivienda. ¿Qué documento habría de exigir entonces al vendedor? Por último, el IBI del año de la compra, sobre todo cuando se expide en dos semestres (como en mi municipio), de quién es obligación legal abonar, del vendedor o del comprador.

1º.- La afección de los bienes al pago de impuestos establecida por la Ley debe hacerse constar de forma expresa en el registro de la propiedad para que pueda perjudicar a terceros de buena fe (que se presume). Por tanto, si en el Registro consta la carga a que usted hace referencia, podrá exigírsele; en caso contrario, no. 2º.- Suponiendo que ello figure en el Registro, podrá solicitarse del Registrador la correspondiente certificación de dominio y cargas, a fin de que si, según los datos que obren en el Registro, se ha producido la caducidad de la correspondiente anotación preventiva, se cancele en la forma legalmente prevista. 3º.- Si consta en el Registro pero no es posible cancelarla por este procedimiento, se puede solicitar mediante instancia al órgano de gestión tributaria (puede hacerlo el propio vendedor). 4º.- Si todo ello es inútil o tarda demasiado tiempo, puede usted acordar la retención del importe correspondiente y su depósito ante el notario que autorice la escritura, a fin de que éste haga efectivo el importe si fuera exigido por la administración o lo entregue al vendedor una vez obtenida la cancelación de la carga. En cuanto a la necesidad de presentar el último recibo del IBI no se trata de asegurar con ello que los anteriores estén pagados, sino de asegurar en la escritura que la finca transmitida tiene su correspondencia con la finca física que figura en el catastro, mediante la referencia catastral correspondiente, siendo el notario el que accede telemáticamente al Catastro para realizar la comprobación. Por último, la obligación legal de pagar el IBI corresponde al titular en la fecha de devengo del impuesto que es el 1 de enero de cada año. Mediante pacto entre los particulares, puede acordarse la repercusión al comprador, pero este pacto no vincula al Ayuntamiento, de forma que legalmente el obligado al pago es el vendedor. Actualmente, en un gran número de municipios, el notario consulta telemáticamente si está al corriente de los pagos del IBI, lo cual supone la garantía definitiva para el comprador.

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