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La seguridad jurídica como piedra angular de la libre circulación de documentos

La segunda jornada del seminario Derecho Privado Comunitario: Nuevas Perspectivas, organizado en Toledo por el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha en colaboración con el Consejo General del Notariado, y que se desarrolló el pasado viernes, 1 de abril, pasó revista a asuntos candentes de la producción legislativa y reglamentaria europea. Y, en todos ellos, surgió, como denominador común, la necesidad de que estos impulsos de homogeneización europea estén rodeados de la seguridad jurídica preventiva que inculca la función notarial.

Mesa de clausura del seminario En la clausura del seminario de Toledo intervinieron, de izquierda a derecha, Ana Fernández-Tresguerres, notaria de Toledo y directora del evento; Palmira Delgado, decana del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, institución organizadora del acto; Julián Sánchez Pingarrón, consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno regional castellano-manchego y Aurora Mejía, directora general de Relaciones con las Confesiones y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.
  • Íñigo Méndez de Vigo, eurodiputado del Grupo Popular, valoró la labor de control de legalidad notarial cuando la Unión Europea se está viendo obligada a "configurar organismos que traten de impedir futuros riesgos sistémicos"
  • José Ramón Devesa, jefe de la Asesoría Jurídica de la Oficina de Representación en España de la Comisión Europea, presentó el Libro Verde sobre reducción de trámites administrativos y promoción de la libre circulación de los documentos públicos notariales

La jornada inició su andadura con una mesa redonda sobre la Reforma del Reglamento Comunitario Bruselas I, que estuvo coordinada por José Manuel García Collantes, notario de Madrid, quien recordó que fue en el Consejo Europeo de Tampere (Finlandia), en 1999, donde “se visualizó y se forjaron los famosos jalones que iban a crear el espacio jurídico europeo”. Y fruto de ese impulso -dijo- se acelera este reglamento relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 22 de diciembre de 2001.

Juan José Molinos, consejero de Justicia del Consejo de la Unión Europea (Reper) recalcó un hecho significativo: “Hasta 1997 la cooperación judicial en materia civil y penal había estado excluida del ámbito comunitario”. Fue entonces -explicó- cuando se planteó avanzar, bien por la armonización de legislación, lo más lógico, o bien por el reconocimiento mutuo, interpretado, a veces, como empezar la casa por el tejado. Hasta que la armonización, sin descartarla, especialmente en la penal, se aparcó para avanzar en el reconocimiento mutuo. Motivo por el cual, “no se suprimió el exequátur, sino que cuasi-exequátur”, lo que “implica la atención automática de una solicitud de ejecución, aunque, eso sí, el ejecutado puede recurrirla”.

Iván Heredia, subdirector general de los Registros y del Notariado y profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid, precisó que el Reglamento 44/2001 “tiene una doble naturaleza”, ya que regula, por un lado, la competencia judicial internacional y el tráfico de títulos extranjeros dentro de la EU que tiene que ver con el reconocimiento de resoluciones judiciales y los títulos jurídicos extranjeros, por otro.

Miguel Virgós, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid y socio del Bufete Uría & Menéndez, es de la opinión de que,  “como toda norma jurídica”, este reglamento “tiene sus luces y sus sombras”.

José María Alonso, director de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid. Socio del Bufete Garrigues, mostró su oposición y la de los estamentos arbitrales y apostó por que el arbitraje quede fuera de las competencias de Bruselas I: “A mí el Reglamento 44 me parece un instrumento complicado, difícil de entender, extraordinariamente encorsetado y muy burocrático, cuestiones difícilmente compatible con la libertad civil”.

Derecho contractual europeo

La segunda mesa versó sobre Derecho contractual europeo y estuvo dirigida y moderada por la notario de Toledo, Ana Fernández-Tresguerres, también coordinadora del seminario. Para Tresguerres, el Derecho contractual europeo ha encontrado “una nueva visión” bajo el Tratado de Lisboa y la denominada Comunicación de Estocolmo, que tiene como cometido  “la creación de una normativa completa en esta materia, cuya aplicación a los Estados se pretende que sea de manera facultativa.

Ana Cañizares, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, centro su intervención en la modificación sobrevenida de las circunstancias y su incidencia en la vida del contrato. O para ser más exactos, matizó, en “la incidencia de una excesiva onerosidad en la vida del contrato por determinadas circunstancias que sobrevienen”, o en “una destrucción de la relación de equivalencia de las prestaciones”. La idea que subyace siempre de manera inmediata “es la aplicación del principio implícito de la incondicionada fidelidad al contrato”. Es decir, que “si las partes no previeron determinadas circunstancias sólo a ellas se les puede imputar” las consecuencias.

María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela, aseguró que este principio de no discriminación aplicado a la contratación ha sido recogido en el proyecto de marco común de referencia a partir del acervo comunitario.

Nuevo Derecho de Familia comunitario

La tercera mesa de debate llevó por título Nuevo Derecho de Familia comunitario y su coordinador fue Ignacio Carpio, notario de Toledo. Carpio aclaró que los vínculos familiares “se han complicado y densificado por la aplicación del concepto transfronterizo” de un espacio, el europeo, en el que existen 5 millones de personas desplazadas a países distintos de su origen y 14 millones de residentes extracomunitarios”, según cifras oficiales de 2002 que, a buen seguro -incidió- habrán crecido exponencialmente. Jean Monnet, uno de los padres de la UE, “ya dijo que unimos ciudadanos no coaligamos Estados”. Palabras que se justifican con datos como el de que el 18% de los divorcios en España afecte a algún cónyuge extracomunitario. O, en el plano del régimen económico matrimonial, que se calculen 5,5 millones de inmuebles propiedad de parejas con distinta nacionalidad.

Andrés Rodríguez Benot, catedrático de Derecho Internacional Privado y decano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, justificó en razones institucionales, materiales y normativas, la existencia, en la mesa negociadora de la Comisión Europea, en Bruselas, de dos reglamentos, uno sobre régimen económico matrimonial y otro sobre sucesión por causa de muerte. La justificación institucional -aclaró- “tiene que ver con la potestad de la Comisión para armonizar el Derecho de Familia desde el Tratado de Ámsterdam y, en concreto, el matrimonial, que requiere una homologación más estricta, por ejemplo, que el Derecho patrimonial”.

La justificación material tiene que ver, según Rodríguez Benot, con la realidad del espacio abierto de la Unión Europea y se fundamenta en varios datos, en su opinión. En materia sucesoria, y según la Comisión, se producen cada año 450.000 sucesiones transfronterizas, con un coste medio de 270.000 euros, lo que moviliza a 123,3 billones de euros. Y, en el régimen económico matrimonial “estamos hablando de 650.000 matrimonios mixtos que se disuelven anualmente, bien por fallecimiento de alguno de sus componentes o bien por divorcio” y, si el valor medio de una operación jurídica de estas características es de 2.000 o 3.000 euros, se alcanza un volumen anual de 1,1 billones de euros.

No menos importante -precisó el catedrático de la Pablo de Olavide- es la justificación normativa. “La pluralidad de soluciones en el plano sustancial y legislativo en 27 Estados es tal, que se hace imposible prever de antemano cómo reglar una de estas dos situaciones”.

Rodríguez Benot llamó la atención sobre una de las bondades de ambos reglamentos: que “los dos realzan la función notarial hasta el punto de que el notario pasa a ser la piedra angular de la construcción de ese futuro Derecho de Familia y de Sucesión”. Porque la realidad demuestra que la litigiosidad procesal es mínima, ya que “la mayor parte de los problemas sucesorios y de régimen matrimonial se resuelven en las notarías”. Sin embargo, también dejó una reflexión: “en ambos reglamentos se establece que habrá una autoridad judicial y otra no judicial que ejerza una función jurisdiccional delegada, pero no se dice expresamente que puedan ser competentes los notarios en ninguno de ellos”. A su juicio, “sería interesante que en el artículo 3 del Reglamento de Sucesiones o en el 2 del de Régimen Matrimonial se incluyese que el notario de los sistemas latinos, o al menos el español, debería tener esta competencia”.

Francisco Javier García Mas, notario de Ocaña, afirmó que, en esta materia, “hemos pasado de una normas específicas, nacionales, de Derecho Internacional Privado, a un principio de reconocimiento mutuo con puntos de conexión diferentes, pasando de la nacionalidad a la residencia y dando la opción de elegir”. Circunstancia que plantea problemas de aplicación “que ya surgen en los ámbitos nacionales, y mucho más en un proceso de internacionalización como el que vive ahora la UE”.

Ana Gallego, consejera de Justicia en el Consejo de la UE (Reper) habló sobre el principio de sustracción internacional de menores, uno de los asuntos más delicados en materia de Derecho de Familia, cuya regulación inicial se remonta al Convenio de La Haya de Derecho Internacional Privado de 1980, donde se creó un sistema de cooperación administrativa y judicial “a través de una resolución que debe alcanzarse por medio de un acuerdo sumario y urgente para lograr la restitución inmediata del menor y, sobre todo, de su status quo previo a la sustracción o retención ilícita. Un asunto que, alertó, “siempre resultan complejas porque parten de crisis familiares, lo que dificulta la resolución de casos y la búsqueda de foros adecuados”.

Apostilla y Justicia electrónica

La cuarta mesa de debate de la jornada hizo referencia a laApostilla y Justicia electrónica, coordinada por José Antonio Riera, notario de Arucas (Las Palmas de Gran Canaria). Riera definió así la apostilla: “Es una materia adjetiva, porque es una formalidad, pero tienen una indudable dimensión práctica. Se trata de un visado o un marchamo que se añade externamente a un documento público, bien sea judicial, notarial, administrativo o de otra índole, que está llamado a tener una eficacia transnacional o transfronteriza”. La apostilla -matizó- “está íntimamente unida al principio de la seguridad jurídica porque pretende que la autoridad receptora del documento tenga la certeza de que la autoridad que la expidió, la intervino o autorizó por ser la competente para ello”.

Fernando Rui Paulino, presidente del Grupo E-Justice del Consejo de la UE, recordó el acceso gratuito, en 22 idiomas, del portal E-Justice, a ciudadanos, empresas, jueces y profesionales del derecho, e incidió en que el “sistema de apostilla resulta más rápido y seguro porque tiene un registro electrónico en los Estados miembros y resulta, además, más fácil de utilizar” que los métodos tradicionales.

Alegría Borrás, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona, rememoró el Convenio de la Haya de 1961, que tiene como objetivo, al hablar de la apostilla, “el que un documento surta efecto en otro país distinto de aquel en que ha sido expedido”. Y lo digo -apuntilló- “porque si se emiten apostillas electrónicas también hay que estar dispuestos a recibirlas”.

Blanca Cano, jefa de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, adelantó la iniciativa del Ministerio de Justicia de implantar en España un proyecto de apostilla electrónica “que se encuentra en una fase muy madura, ya que está previsto que esta semana arranquen los dos primeros proyectos pilotos, aún en fase experimental, del sistema de emisión de apostillas” uno en Albacete y otro en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Isidoro Calvo, notario de A Coruña y consejero general del la Unión Internacional del Notariado, apeló a la cautela de la que el Notariado español ha hecho gala en los foros de discusión europeos a la hora de dar validez a la libre circulación de apostillas.

Valor del documento notarial en el espacio jurídico europeo

La quinta mesa de debate llevaba por título Economía y seguridad jurídica en la UE. Valor del documento notarial en el espacio jurídico europeo y fue coordinada por Juan Bolás, notario de Madrid, consejero de dirección de la Unión Internacional del Notariado. Bolás justificó el cariz comunitario del seminario de Toledo en datos como el “déficit de los notarios españoles en preocupación por la construcción europea” respectos a otros colectivos que, como el francés, “ya mantienen dentro del presupuesto para gastos nacionales los asuntos europeos”, lo que da cuenta de la “trascendencia” que le otorgan a la evolución del espacio de Justicia de la Unión. Está muy bien hablar por ello de Europa porque “creemos que los notarios tenemos un importante papel” que jugar como “generadores de confianza”.

Íñigo Méndez de Vigo, eurodiputado del Grupo Popular, valoró precisamente la labor de control de legalidad notarial en una época en la que “el dinero vuela y se coloca donde se interesa de forma rotunda” y en la que la crisis financiera y económica ha obligado a la Unión a “yugular el problema de la deuda soberana con rescates; a pasar por el trance de modificar el Tratado de Lisboa; a aprobar paquetes de supervisión financiera en pensiones, seguros y en el sector bancario para evitar que miren a otro lado las instituciones nacionales de regulación nacionales; a configurar organismos que traten de impedir futuros riesgos sistémicos y a avanzar en materia de gobernanza económica y de coordinación de políticas, lo que conduce a una mayor integración como la exigencia que recoge el Pacto Euro Plus sobre competitividad y que demandará la aplicación de “similares medidas sobre mercado de trabajo, pensiones o aumentos salariales”.

Un esquema de operaciones, el descrito por Méndez de Vigo, que Bolás aprovechó para destacar la necesidad imperiosa de que el mercado se dote de mayores “garantías y seguridades para captar y atraer inversiones” desafío que -dijo- “tiene también mucho que ver con la proyección de las virtudes de la escritura pública” a todo el conjunto del territorio europeo.

José Ramón Devesa, jefe de la Asesoría Jurídica de la Oficina de Representación en España de la Comisión Europea, se encargó de presentar el Libro Verde sobre reducción de trámites administrativos y  promoción de la libre circulación de los documentos públicos notariales, una demanda ciudadana de 12 millones de europeos que residen fuera de sus fronteras pero dentro del espacio europeo, aclaró.

Enrique Brancós, notario de Girona y consejero general de la Unión Internacional del Notariado, ciñó su discurso a poner en valor la escritura pública. “El documento auténtico de todos estos reglamentos, nuestra escritura pública, se reconoce y ejecuta por equiparación a las sentencias y empieza a circular en el ámbito europeo como si de un documento nacional se tratara”; es decir, que “se documenta y ejecuta como un documento nacional”. Y ello es así -recordó- “porque tal documento incorpora una serie de garantías o presunciones, de autenticidad, no sólo formal o de la firma sino también del contenido, de legalidad, de consentimiento informado, de consentimiento libre de vicios” lo que justifica que “el título sea libre y legítimo, con valor probatorio y ejecutivo”.

Manuel Medina, ex eurodiputado del PSOE y presidente de la Asociación de la Academia Europea de Derecho (ERA), llamó la atención sobre una advertencia retrospectiva, del Parlamento Europeo “en época de vacas gordas, cuando la economía europea estaba en fase de bonanza”, cuando el grupo socialista en la Eurocámara creó un grupo de trabajo sobre las amenazas a la economía de mercado de la “completa inseguridad” de nuevos instrumentos financieros como private equities; hedge funds y otros productos derivados y estructurados creados por la ingeniería financiera norteamericana. Y, en especial, el Credit Default Swaps (CDS), que no deja de ser “una apuesta entre terceros en los que el inversor inicial ni siquiera participa”, y que es lo que “ha llevado al hundimiento de la economía griega”, sin ir más lejos.

La jornada se cerró con la participación de la decana del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Palmira Delgado; de Aurora Mejía, directora General de relaciones con la confesiones y cooperación jurídica internacional del Ministerio de Justicia, y de Julián Sánchez Pingarrón, consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno regional castellano-manchego, así como con la lectura de las conclusiones -ver documento adjunto- del seminario por parte de Ana Fernández-Tresguerres, notaria de Toledo y coordinadora del evento al que acudieron cerca de 150 personas entre notarios y agentes económicos y jurídicos.

  • Imagenes
  • 01/04/2011 Mesa redonda sobre la reforma del reglamento Bruselas I.

    De izquierda a derecha, Ana Fernández-Tresguerres, notaria de Toledo y directora del seminario; José María Alonso, director de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid y socio del Bufete Garrigues; Iván Heredia, subdirector general de los Registros y del Notariado; José Manuel García Collantes, notario de Madrid y coordinador de la mesa; Juan José Molinos, consejero de Justicia del Consejo de la Unión Europea (Reper) y Miguel Virgós, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid y socio del Bufete Uría & Menéndez.

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  • 01/04/2011 Mesa redonda sobre Derecho contractual europeo.

    De izquierda a derecha, Ana Cañizares, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga; Ana Fernández-Tresguerres, notaria de Toledo, directora del seminario y coordinadora de la mesa y María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela.

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  • 01/04/2011 Mesa redonda sobre Nuevo Derecho de familia comunitario.

    De izquierda a derecha, Ana Fernández Tresguerres, notaria de Toledo y directora del seminario; Francisco Javier García Mas, notario de Ocaña (Toledo); Andrés Rodríguez Benot, catedrático de Derecho Internacional Privado y decano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Ignacio Carpio, notario de Toledo y coordinador de la mesa y Ana Gallego, consejera de Justicia en el Consejo de la UE (Reper).

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  • 01/04/2011 Mesa redonda sobre Apostilla y Justicia electrónica

    De izquierda a derecha, Ana Fernández-Tresguerres, notaria de Toledo y directora del seminario; Alegría Borrás, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona; Isidoro Calvo Vidal, notario de A Coruña y consejero general del la Unión Internacional del Notariado; José Antonio Riera, notario de Arucas (Las Palmas de Gran Canaria) y coordinador de la mesa; Fernando Rui Paulino, presidente del Grupo E-Justice del Consejo de la UE y Blanca Cano, jefa de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.

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  • 01/04/2011 Mesa redonda sobre Economía y Seguridad Jurídica en la UE. Valor del documento notarial en el espacio jurídico europeo.

    De izquierda a derecha, Ana Fernández Tresguerres, directora del seminario; José Ramón Devesa, jefe de la Asesoría Jurídica de la Oficina de Representación en España de la Comisión Europea; Enrique Brancós, notario de Girona y consejero general de la Unión Internacional del Notariado; Juan Bolás, notario de Madrid, consejero de dirección de la Unión Internacional del Notariado y coordinador de la mesa; Manuel Medina, ex eurodiputado del PSOE y presidente de la Asociación de la Academia Europea de Derecho (ERA) y Iñigo Méndez de Vigo, eurodiputado del Grupo Popular.

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