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El presidente Ojeda ensalza el documento público como pilar de seguridad jurídica en las economías

El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, resaltó ayer, durante su intervención en el ciclo de conferencias La Salida de la Crisis, organizado por el Club Siglo XXI, las garantías de "veracidad y legalidad" que el documento notarial "otorga a los hechos, actos jurídicos o contratos sometidos a su amparo", así como la "eficacia especial" que confiere al notario la función de "fe pública que le atribuye el Estado". Ojeda incidió en que el control de legalidad notarial es una "piedra angular" del modelo de libre mercado, porque "si falla o desaparece la seguridad jurídica, falla también la economía en general".

Antonio Ojeda, cuyo discurso en el Club Siglo XXI versó sobre Seguridad Jurídica y Función Notarial, subrayó el valor del documento público como “piedra angular” del control de legalidad notarial, debido a las garantías adicionales que ofrece frente al documento privado. “Gracias a la fe pública que opera como una extensión del poder del Estado, los hechos, actos y negocios jurídicos sujetos a su protección resultan inatacables en cuanto a su veracidad”, aseguró.

El presidente del Consejo General del Notariado defendió el sistema notarial porque la crisis ha puesto de manifiesto que “donde desaparece la seguridad jurídica, falla la economía en general”. En este sentido, dijo que “lo que el notario autoriza tiene presunción de veracidad y eficacia”.

El máximo responsable del Notariado también ensalzó la modernización tecnológica de este colectivo, que ha permitido la interconexión, a través de una plataforma digital, de las casi 3.000 notarías españolas. Estos avances telemáticos “se ha financiado exclusivamente con los aranceles notariales”, resaltó.

Ojeda aprovechó la ocasión para solicitar que el notario, en el ejercicio de sus funciones, “se vea libre de los obstáculos, unos jurídicos, otros técnicos, que le impiden desarrollar plenamente su labor al servicio de la seguridad jurídica y del mercado”. El primero, la “necesaria y urgente” reforma del control de la legalidad. “El Notariado sigue esperando la norma legal a la que se comprometió el Ministerio de Justicia para despejar las dudas que la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008 sembró sobre la función del notario respecto al control de legalidad”, precisó. La segunda de las trabas que enumeró el máximo responsable del Notariado fue “el problema de transparencia de la realidad física y jurídica en un doble aspecto registral y catastral”. En caso de no avanzar en esta dirección, “España será, en 2014, el único socio europeo continental en el que pervivirán Catastro y Registro de la Propiedad como órganos independientes, con bases de datos distintas, y sin coordinación real entre ellos”. En su opinión, “es preciso que el contenido del Catastro, rectificado ya con suficientes garantías, sea la base física del Registro de la Propiedad”. Para Ojeda, “es necesario que el notario pueda acceder al registro con absoluta libertad directamente y sin intervención del registrador, tal y como establece en su redacción actual la normativa vigente”.

La crisis “ha puesto de manifiesto que donde desaparece la seguridad jurídica, falla la economía
en general” afirmó Ojeda.

La tercera barrera tiene que ver con la “necesaria clarificación en relación a la actuación societaria”, ya que “existe una confusión entre lo que es constituir una sociedad, cosa que se hace un día; inscribirla, en lo que se tarda algo más, e iniciar el funcionamiento de la empresa, tarea larga y ardua en virtud de la necesidad de licencias y actuaciones administrativas”. En este sentido, llamó a “potenciar el valor de la escritura”.

El presidente del Notariado destacó la elevada valoración social y profesional de los notarios, a partir de un reciente sondeo de Metroscopia, y el reconocido apoyo que el colectivo notarial presta a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.

El presidente de los notarios, que fue presentado por Gregorio Peces Barba, estuvo acompañado por casi un centenar de personas. Entre ellas, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves; el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero del Consejo de Estado, o los directores generales del Catastro, Ángel Álvarez Capón y de los Registros y del Notariado, María Ángeles Alcalá. Además de notarios y profesionales del mundo jurídico y económico.

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