El Notariado informa

Volver

El Centro de Estudios Jurídicos y Aequitas organizan unas jornadas sobre la actualidad y el futuro de la discapacidad

El Centro de Estudios Jurídicos y Aequitas organizan unas jornadas sobre la actualidad y el futuro de la discapacidad

La sede del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) del ministerio de Justicia –ubicada en el campus de la madrileña Universidad Complutense- ha acogido las jornadas ‘Actualidad y futuro de la discapacidad', co-organizadas por dicha institución y la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado.

/liferay/image/image_gallery?uuid=cc65fd9e-0004-4d5e-a1fc-5aeed51a84b2&groupId=10218&t=1495789710794 Pie de foto (de izquierda a derecha): Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo y director de las Jornadas; Israel Pastor, director del Centro de Estudios Jurídicos; y Federico Cabello de Alba, notario, director de la sección social y económica de la Fundación Aequitas y director de las Jornadas.

El encuentro fue inaugurado por los dos directores de las Jornadas –el fiscal del Tribunal Supremo, Carlos Ganzenmüller; y el notario y director de la sección social y económica de la Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba- y el director del CEJ, Israel Pastor.

Cabello de Alba señaló la constante presencia de la discapacidad en el trabajo diario de fiscales y notarios: “en ambas profesiones tenemos que aplicar el Derecho y hacernos eco de las demandas de la sociedad, terreno donde se detectan carencias en nuestro ordenamiento que impiden a este colectivo alcanzar su plenitud ante la Ley. Se deben acabar con prácticas que suponen un tratamiento desfavorable de la discapacidad”.

Por su parte, Israel Pastor apuntó que “el imperio de la Ley sirve para dar protección a los más desfavorecidos; celebrando estas jornadas podremos conocer las herramientas jurídicas que permitan la protección efectiva de las personas con discapacidad, que en España son más de cuatro millones de personas”

Carlos Ganzenmüller dictó la conferencia inaugural, que versó sobre ‘La Protección Jurídica de las personas con discapacidad. La aplicación de la Convención en el décimo aniversario’. Para el fiscal, el Tratado de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, “permitió la transición del modelo médico asistencial, en el que el enfermo debe rehabilitarse e integrarse en la sociedad; a un modelo social, que le incluye. Es la sociedad la que incluye a estas personas garantizando la eliminación de barreras y dando los apoyos necesarios por los que accederá a sus derechos, como la no discriminación, la igualdad o la participación activa en las decisiones políticas”. 

Mesa redonda

El primer panel de debate estuvo integrado por cinco fiscales: Nuria López-Mora (Audiencia Provincial de Madrid, moderadora), Inmaculada Palau (Audiencia Provincial de Alicante), Mª Ángeles de la Blanca (Audiencia Provincial de Toledo) y Avelina Alía (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, área Getafe-Leganés), quienes abordaron temas como la mujer con discapacidad, los ingresos voluntarios, la accesibilidad de las personas con discapacidad o el reto de la vida independiente.

Avelina Alía puso de manifiesto el nivel de cumplimiento de la Convención de la ONU de las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento, “destacado por el Comité que supervisa dicho tratado, que recientemente felicitó al Estado español por haber establecido un mecanismo de supervisión independiente y por la aprobación de la adaptación de normas a la Convención”.

Sobre la problemática de los internamientos no voluntarios de las personas con discapacidad en instituciones socio-sanitarias, Inmaculada Palau demandó “una reforma en profundidad del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula dicha figura, ya que debería abarcar todos los supuestos de la discapacidad”.

Por su parte, Carmen Barquilla alertó sobre “la doble discriminación de las mujeres con discapacidad, por razón de su sexo y su situación personal”. Según la fiscal, a pesar de que este colectivo es muy numeroso está marcado por su invisibilidad y por la violencia de género: “La violencia de género es más intensa en mujeres con discapacidad –un 23 por ciento, frente al 15 que se produce entre la población femenina sin discapacidad-, que además tienen menor tendencia a denunciar”.

En su intervención, la fiscal Ángeles de la Blanca realizó un exhaustivo repaso por las diferentes pautas urbanísticas en materia de accesibilidad que –tras la aprobación de la Convención de la ONU- “ha pasado de ser un atributo a un Derecho. Queda camino por recorrer en materia de accesibilidad de los edificios públicos, que deben ser accesibles desde las paradas de transporte público o el aparcamiento hasta la entrada principal, con rutas bien señalizadas, ascensores amplios y botones a una altura adecuada”. Para la fiscal, estas buenas prácticas deben suprimir las barreras arquitectónicas, pero también aplicarse al trato con las personas, o incluso al lenguaje judicial.

Nuria López-Mora –quien moderó la mesa redonda- concluyó que “ante los nuevos retos de la discapacidad, el ministerio fiscal  debe acertar con lo que necesita cada caso y realizar un ‘traje a medida’; algo aún complejo, dada la falta de recursos materiales y humanos y la escasa coordinación entre el sector sanitario y el social. Asimismo, urge realizar una revisión periódica de la evolución de cada caso de discapacidad”. 

Voces relacionadas

Comparte esta página:
  • Compartir en Google
  • Compartir en Digg
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Technorati
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en LinkedIn
Suscríbete a nuestros canales RSS
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer sus servicios al usuario. Al continuar utilizando este servicio, el usuario acepta el uso de nuestras cookies. Aceptar | Ampliar esta información