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Los notarios comunicaron al SEPBLAC 871 expedientes con indicios de delito de blanqueo desde enero de 2009

El Notariado, a través de su Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), analizó y comunicó al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), 871 expedientes en los últimos 18 meses con indicios o sospecha de blanqueo de capitales, según los datos presentados por Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado, durante la rueda de prensa en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial, que organiza la Universidad Complutense y en los que el Notariado participa por primera vez.

13 de mayo de 2010. El presidente del Consejo General del Notariado, que acudió a los Cursos de Verano de El Escorial en la inauguración del seminario La Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, señaló que, desde enero de 2009 hasta junio de 2010, el OCP atendió 15.178 solicitudes de información y 5.068 solicitudes de instrumentos públicos por parte de Órganos Judiciales, Ministerio Fiscal y Policía.

El presidente del Consejo General del Notariado recordó que en diciembre de 2005 el Notariado creó el OCP para intensificar y canalizar su colaboración con las Administraciones Públicas en esta materia y “que en estos cuatro años, la colaboración de los notarios ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos”.

Asimismo, Ojeda subrayó que “el OCP ha permitido fortalecer la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades judiciales, y facilita enormemente la labor individual del notario. Así, es el propio órgano el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas”. Prueba del éxito de esta colaboración han sido los reconocimientos públicos tanto de organismos nacionales e internacionales como de los ciudadanos y profesionales jurídicos y económicos en España. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacaba en su último informe que el Notariado español era uno de los más avanzados de los 17 países europeos que funcionan bajo un sistema notarial en materia de prevención del blanqueo de capitales; y el propio SEPBLAC -en su última memoria de 2008- destaca la colaboración de los notarios en la erradicación de esta lacra social, y subraya que el 75 por ciento de las operaciones emprendidas por este organismo de la Administración contra el blanqueo procedió de comunicaciones remitidas por notarios desde su Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP).

Por otro lado, Ojeda recordó que dos recientes estudios de opinión elaborados por la empresa Metroscopia el pasado mes de enero demuestran el amplio respaldo social y profesional a la colaboración del Notariado en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales. Así, el sondeo ciudadano revela que nueve de cada diez españoles -en concreto, el 92% - apoya la colaboración de los notarios en la prevención del blanqueo de capitales. En lo que respecta al sondeo profesional, la gran mayoría (88%) de los encuestados –jueces, fiscales, abogados, letrados de asesorías jurídicas empresariales o bancarias, empresarios de pequeñas y medianas empresas y funcionarios de alta cualificación, considera necesaria esta colaboración en materia de prevención del blanqueo.

Por su parte, el director del curso la Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, José Marqueño, explicó que la actualidad de la materia, tras la reciente aprobación de la Ley 10/2010, y la experiencia alcanzada por el colectivo notarial en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales motivaron la puesta en marcha del curso por parte del Notariado. Marqueño explicó que en este curso participan los máximos representantes de las instituciones implicadas en la elaboración y en la ejecución de la nueva ley: el Ministerio de Economía y Hacienda, la Audiencia Nacional, los dos principales Grupos Parlamentarios y los colectivos profesionales con mayor grado de colaboración e implicación; es decir, la banca, el Notariado y la Abogacía. Asimismo, la sesión contó con la intervención de Soledad Núñez, directora general del Tesoro y Javier Alberto Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. La Ley 10/2010 transpone la Tercera Directiva de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo exigiendo de los sujetos obligados un mayor grado de implicación en la lucha contra estos graves delitos. Tal incremento de colaboración se plasma, entre otros aspectos, en las obligaciones de diligencia debida relativas al conocimiento del titular real que interviene en cualquier operación económica y/o jurídica.

Tal y como recordó Marqueño, “el Notariado trabajó intensamente para lograr que, con base en la precedente normativa, los notarios fueran un instrumento eficaz en la lucha contra esos fraudes y así se ha reconocido en innumerables ocasiones. Dicha implicación conllevó una modificación de criterios en orden a su aplicación práctica respecto de la fe pública notarial, así como la realización de inversiones en medios materiales y humanos para que dicha colaboración fuera una realidad efectiva”.

Asimismo, el director del curso afirmó que “el Notariado asume la nueva normativa como un reto y, en consecuencia, procederá a realizar las adaptaciones precisas para que el grado de colaboración con las autoridades públicas competentes en este ámbito sea, si cabe, aún mayor”.

Antonio Ojeda señaló que el OCP ha permitido fortalecer la cooperación del Notariado con el SEPBLAC y las autoridades judiciales.

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