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Debate político, económico y jurídico en unas jornadas sobre la seguridad jurídica en las inversiones

Serán inauguradas el próximo lunes 27 de octubre, a las 9.00 horas, por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes.

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  • La jornada del martes 28 será inaugurada por el ministro de Justicia Rafael Catalá.

España es el primer país europeo en inversión extranjera directa (IED) en América Latina. Las inversiones españolas superan los 145.000 millones de euros, según el Banco de España, y se centran en sectores clave para el crecimiento económico y el desarrollo de las naciones iberoamericanas. En paralelo también España se ha convertido en la última década en un país de máximo interés para los inversores de América Latina.

La continuidad de estas y futuras inversiones depende en gran medida de su seguridad jurídica. Dicha seguridad es un elemento clave para lograr unas relaciones eficientes, estables y trasparentes y el motor indispensable para el crecimiento económico y desarrollo sostenible de estos países.

Consciente de ello, el Consejo General del Notariado ha organizado unas jornadas sobre la “Seguridad de las Inversiones en Iberoamérica” que se celebrarán los próximos 27 y 28 de octubre en Madrid en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (Paseo de Recoletos, 8). Para su organización ha contado con la colaboración de la Secretaría General Iberoamericana, el ICEX y la empresa Red Eléctrica Española.

En ellas se someterán a examen aquellos ámbitos en los que podría reforzarse y perfeccionarse el sistema de seguridad jurídica que los países iberoamericanos ofrecen a sus ciudadanos y empresas, con especial atención a las empresas denominadas “multilatinas”.

En este debate participarán algunos de los máximos responsables políticos, como el ministro de Justicia Rafael Cataláy los secretarios de Estado Jaime García-Legaz (Comercio) y Jesús Gracia Aldaz (Cooperación Internacional y para Iberoamérica); los embajadores de varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, México y Panamá); responsables de empresas españolas como Telefónica, el Banco Santander, Red Eléctrica de España y Gas Natural Fenosa, y, altos cargos de Iberoamérica, como la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan y el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, Fernando Ferraro. Los Notariados de América y España aportarán su visión de cómo mejorar la seguridad jurídica y la circulación de los documentos públicos.

Seguridad preventiva y nuevas tecnologías

La intervención notarial es una pieza fundamental del sistema iberoamericano de seguridad jurídica en las transacciones. Los notarios, existentes en todos los países de esta Comunidad, forman parte del denominado modelo de “Notariado Latino”, cuya fortaleza reside en la condición de funcionario público del notario, independiente, imparcial y perito en Derecho, y en la atribución al mismo de la competencia de la fe pública y del control previo de la legalidad de los actos que vaya autorizar. En los mercados la intervención notarial es un eficaz mecanismo de control de cumplimiento de la legalidad y de la tutela preventiva de respeto de los derechos. Pero además, reduce los costes de transacción, al evitar actos o contratos no conformes con la ley, así como por ser un mecanismo eficaz para la prevención de la comisión de ciertos delitos, en especial los de blanqueo de capitales, y de sus devastadoras consecuencias en la estabilidad de las sociedades actuales.

El modelo notarial está en constante proceso de actualización y mejora. La decidida irrupción de las nuevas tecnologías en la prestación de la función ha permitido el intercambio de bienes y servicios entre personas distantes y un consiguiente incremento de la circulación de la riqueza, con mayor seguridad a menor coste. Aun así, es preciso reforzar entre los Estados iberoamericanos sus bases jurídicas comunes, a fin de que los documentos públicos notariales “circulen” entre ellos libremente. Es decir, que tengan reconocidos los mismos efectos que en el país de su autorización sin necesidad de someterse a procedimientos intermedios de autenticación, como la Apostilla de La Haya.

Para alcanzar este objetivo será precisa la colaboración de la mayoría de los Estados que conforman está Región, pero también de los organismos internacionales iberoamericanos, como la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y la Secretaría General Iberoamericana, así como de las destinatarias de esta iniciativa: las empresas, en tanto que generadoras de riqueza y acreedoras legítimas de la mayor seguridad al menor coste posible.

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