‘LA INSTITUCIÓN NOTARIAL SIGUE PRESTANDO, A UN COSTE MUY INFERIOR A SU ALTERNATIVA, SERVICIOS DE PRIMERA CALIDAD’

Un jurado integrado por Antonio Garrigues, Emilio Cuatrecasas y Miquel Roca, entre otros juristas, concedió recientemente a Juan José López Burniol el premio Aptíssimi de Esade a la mejor trayectoria de un profesional del Derecho. El galardonado repasa en esta entrevista su faceta como notario, actividad que compagina con muchas otras, como la militancia política o la colaboración en los medios de comunicación.

JOSÉ M. CARRASCOSA

EN primer lugar: ¿qué ha supuesto para usted este galardón?
–Una sorpresa. No creía estar –ni lo creo ahora– en el circuito de los grandes operadores jurídicos. Tal vez haya sido un premio a la constancia, pues llevo treinta años de notario en Barcelona. Puede decirse –con palabras de Antonio Machín– que “toda una vida”.

–Ha sido profesor de Derecho Civil durante más de veinte años en la Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo Código Civil Catalán? ¿Sustituirá al Código Civil común o se reducirá a ámbitos forales?
–El año 1974 sostuve, en un tema que redacté para mi grupo de opositores entre notarios, que la cuestión foral sólo tendría, a la larga, una de estas dos salidas: o un Código Civil único o un sistema jurídico federal, en el que cada comunidad histórica tendría su propio Derecho Privado. No me equivoqué. Es más: me quedé corto, pues la deriva del Estado no lleva al establecimiento de un Estado federal mediante la modificación evolutiva de la Constitución, sino a una especie de difusa confederación articulada a base de distintas relaciones bilaterales. Creo que esto último –un sistema quasi confederal– supone una fuerte erosión del Estado como sistema jurídico. De hecho, el Estado sigue funcionando pero ya no sirve para la resolución institucional de las grandes cuestiones, cuya decisión queda al albur de la pura relación de fuerzas.

–Un gran número de catedráticos y juristas –como García de Enterría o Díez Picazo– han firmado un manifiesto en contra de la aplicación del proceso de Bolonia a la enseñanza de Derecho. ¿Qué le parece esta iniciativa?
–Cuando en el Consejo Social de la Universidad de Barcelona me explicaron lo que era el plan Bolonia, pregunté: ¿se aplicará también a la facultad de Medicina? Y cuando me respondieron que no, comencé a ver de qué se trataba: aligerar la formación troncal para primar las especialidades, con vistas a la formación profesional. Esto no es, para mí, la universidad. Por consiguiente, ni creo en la eficacia el Plan Bolonia, ni comparto sus objetivos, sin perjuicio de admitir la bondad de algunas propuestas puntuales.

–Como miembro de la plataforma Ciutadans pel Canvi ha denunciado que la clase política elude problemas y reformas para evitar la represalias de mandarinatos anclados en el poder. ¿Cuál sería su fórmula para evitar la existencia de estos grupos?
–Lo que llamo mandarinatos son grupos sociales articulados para la defensa de sus intereses sectoriales, que pueden llegar fácilmente, con este objetivo, al menoscabo de los intereses generales. Son muchos y están perfectamente identificados: desde la patronal y la cúpula financiera a los sindicatos, pasando por los cuerpos de élite de la Administración del Estado y los profesores de universidad, por poner unos ejemplos. El poder político elude tomar decisiones que incidan en los intereses particulares de estos núcleos, debido al coste electoral –o al desorden social– que ello puede suponerle. La solución sólo es una: el pacto entre los dos grandes partidos nacionales, como forma de dilución del coste electoral. Pero, para que haya este pacto, hacen falta políticos con visión larga. ¿Dónde están?

–En su última obra: España desde una esquina plantea una disyuntiva sobre Cataluña: federalismo o autodeterminación. ¿Qué opción elige?
–Defiendo la federación como la única forma válida –a mi juicio– de mantener la unidad de España, puesto que el Estado federal es una variedad del Estado unitario. Y rechazo por ello, de forma explícita, tanto el Estado unitario y centralista, que en España nunca llegó a cuajar –ahí están los conciertos económicos y la frustrada unificación del Derecho Civil–, como el Estado confederal articulado sobre distintas relaciones bilaterales. Puede que esté equivocado, pero añado que se ha entrado –en los últimos tiempos– en una dinámica de desafección sentimental y de dilución del Estado como sistema jurídico que, aún cuando no lleguen a provocar quizá una ruptura, nos sumirán a todos en la impotencia y el barullo.

–Pasemos a su actividad como notario. Desde el observatorio de su despacho, ¿cómo está percibiendo la crisis económica?
–Es un fin de época. Aunque de alcance universal, es una crisis de los blancos –iniciada en el último imperio en el que se ha encarnado la hegemonía occidental–, que si no ha provocado una depresión igual o peor que la del 29 es, afortunadamente, por no haber caído en la tentación del proteccionismo. Cuando termine la crisis, el mundo será otro: el centro del comercio internacional ya no estará en el Atlántico sino en el Pacífico, la relación preferente de Estados Unidos será con China, etcétera.

–¿Y en lo que a España se refiere?
–Aquí la crisis tiene un rasgo específico: además de un desplome financiero, la recesión española viene marcada por el desplome de un modelo de crecimiento basado en gran medida en la construcción y con un endeudamiento exterior desorbitado. Para nosotros, el año 2010 será tremendo, y no comenzaremos a levantar la cabeza hasta dentro de tres o cuatro años. Decía Jesús Pabón que España es un país desafortunado, por coincidir a veces en él las crisis económicas con las políticas. Así sucedió en los años treinta –al comienzo de la II República– y sucede ahora con una vida política sumida en el más sórdido y estéril delirio cainita. La actual crisis política española es profundísima y contribuye a agravar la recesión económica, tardíamente reconocida como tal e insuficientemente tratada. Constituye un auténtico escándalo, en este sentido, el hecho de que los dos grandes partidos nacionales –el PSOE y el PP– hayan sido incapaces de promover unos pactos abiertos a todas las demás formaciones políticas, en los que se acuerden las reformas estructurales precisas –mercado de trabajo, administraciones públicas, energía e infraestructuras– para que la economía española sea más eficiente y competitiva. Ahora que ya no se dispone de la política monetaria –devaluaciones– como instrumento para promover las exportaciones –la exportación es la única salida de las crisis–, hay que aumentar la productividad. Y que no se diga que las circunstancias son hoy muy distintas a las que rodearon los pactos de la Moncloa. El problema, al final, no es de circunstancias sino de personas: de voluntad y prudencia políticas.

–En su quehacer diario, ¿sigue teniendo presentes las palabras que Josep María Puig Salellas –decano del Colegio Notarial de Cataluña– le dirigiera en la entrega del título de notario, allá por 1977? (“Todas las instituciones sin excepción se justifican por un doble motivo: primero, seguir siendo útiles para la satisfacción del interés social para el que fueron concebidas y, segundo, ser más baratas que la alternativa”.)
–Por supuesto: del Rey hacia abajo, todas sin excepción. Incluido, por supuesto, el Notariado. Dicho esto, también creo que la institución notarial sigue prestando, a un coste muy inferior a su alternativa, unos servicios que –conjunta y articuladamente con la institución registral– dotan a España de un sistema de seguridad jurídica preventiva privada de primera calidad. La prueba está en el excelente funcionamiento del mercado inmobiliario durante toda la larga etapa en la que ha protagonizado el crecimiento económico español. El sistema ha funcionado como un reloj. Puede comparase, con clara ventaja, al funcionamiento de otros mercados, como por ejemplo el financiero, donde los supuestos de desinformación alcanzan niveles preocupantes.

Profesional del Derecho Nacido en la localidad tarraco-nense de Alcanar en 1945, se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra. Notario de Barcelona desde 1977, fue decano del Colegio Notarial de Cataluña y vicepresidente del Consejo General del Notariado. También fue magistrado del Tribunal Superior de la Mitra de Andorra y primer presidente del Tribunal Constitucional de Andorra. A todo ello hay que unir los cargos de presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña. En la actualidad es consejero de “La Caixa”.

–El citado Puig Salellas, el alcalde Porcioles, Roca Sastre, Figa, Noguera, Faus... los notarios barceloneses han jugado un papel fundamental en la vida política, económica y cultural de la ciudad. ¿Sigue vigente esta tradición en la actualidad?
–El Notariado catalán ha desempeñado históricamente en Cataluña un papel que va más allá de su oficio de “documentador” y suple el vacío dejado por una Administración lejana. La perpetuación de los patrimonios familiares no se logró, a lo largo de los siglos, a través de mayorazgos, sino mediante capítulos matrimoniales otorgados ante notario según la costumbre del lugar; la reforma agraria del siglo XVIII también se hizo en los despachos notariales, a través de la rabassa morta; la falta de iniciativas públicas se ha suplido muchas veces a través de un tejido fundacional y asociativo urdido por los notarios. Cataluña es un país que, en cierta medida, se ha institucionalizado mediante instrumentos del Derecho privado, y ahí la aportación de los notarios ha sido decisiva. Sin ir más lejos, la compilación de Derecho catalán –que tan decisiva ha resultado para la conservación del Derecho Civil catalán– fue en buena medida obra de notarios –Ramón Roca-Sastre y Ramón Faus– y el impulso político preciso para su promulgación debe mucho a José María de Porcioles.

–Desde su papel de colaborador con distintos medios de comunicación (El País, AVUI, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña...), ¿cuál cree que es la percepción que la opinión pública tiene de los notarios?
–Puede que la imagen del notario se haya diluido un tanto, lo mismo que la de otros profesionales; pero también considero que el núcleo duro de la confianza en el Notariado subsiste incólume. Los nuevos tiempos, en los que disminuirá la contratación en masa, reforzarán de nuevo la auténtica función del notario: prestar un servicio jurídico de calidad caso por caso, estando presente en "los hechos" desde antes que estos ocurran.

–La Fundació Noguera –de la que usted es presidente– trabaja para la difusión del patrimonio histórico documental catalán, legado que se encuentra fundamentalmente en los archivos notariales que datan de la Edad Media. ¿Puede explicarnos cuáles son las principales actividades de esta fundación?
–La Fundació Noguera, creada por el notario barcelonés Raimon Noguera de Guzmán –personalidad destacada de la vida catalana de su tiempo–, es un ejemplo más de algo que decía antes: suple la falta de aquella iniciativa pública, que –en los grandes países europeos– se ocupó durante los siglos XIX y XX de poner al alcance de los estudiosos el patrimonio histórico documental de su país. Esto es lo que hace la Fundación Noguera, por no haberlo hecho el poder público en su momento. Sus sucesivos presidentes, los notarios Figa Faura y Puig Salillas, la consolidaron como una sólida empresa cultural.

–Ha sido patrono durante muchos años de la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado. ¿Qué papel juega el notario en la defensa de la protección jurídica de las personas más vulnerables?
–Un papel capital en dos situaciones distintas. En primer lugar, al ordenar la sucesión de los padres y parientes de las personas precisadas de una especial protección, para establecer unos sistemas eficientes y seguros. Y, en segundo término, al evaluar la capacidad de los otorgantes, cuidando de que, más allá de la estricta capacidad de obrar, el notario pondere el grado de información del otorgante más débil, al objeto de practicar una “imparcialidad compensadora”.