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EUROPA
SE HACE MAYOR

De los casi quinientos millones de europeos, 85 tienen más de 65 años. Es decir, el 17 por ciento de la población comunitaria se considera técnica y laboralmente mayor. Un porcentaje que aumenta sin parar, especialmente durante los últimos veinte años, y que puede ser preocupante si tenemos en cuenta que hasta 2060 el número total de habitantes del Viejo Continente se mantendrá invariable.

ÁNGELES ZÚÑIGA

Aquella imagen de nuestros abuelos, sentados en las plazas de los pueblos, con trajes oscuros y rostros castigados por la intemperie, jugando al dominó, a las cartas o al backgammon es parte de la historia. Hoy, los abuelos europeos son otra cosa: viajan varias veces al año, aprenden idiomas, van a clases de baile o de tenis, trabajan como voluntarios en organizaciones sin ánimo de lucro, cuidan de sus nietos y se divierten. Sin embargo, este modelo tiene un coste muy alto para las arcas públicas y, si no se toman las medidas adecuadas para mantenerlo, puede tener los días contados. De hecho, el 58 por ciento de los europeos cree que los gobiernos no podrán pagar las pensiones en las próximas décadas y un 66 por ciento está de acuerdo en ampliar la edad de jubilación, según una encuesta reciente de la Comisión Europea.

Pero..., ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Existe esa presión demográfica? En los países emergentes hay de todo: población joven como en Brasil o muy envejecida como en China o Rusia. Japón tiene una fuerte presión por el envejecimiento de los nipones, más que Europa incluso (de hecho, en la isla de Okinawa se encuentra el mayor porcentaje de ancianos del mundo). Mientras, los países en desarrollo siguen avanzando en su transición demográfica, con una población joven que debería mantener durante bastante tiempo la tasa de fertilidad. En el caso de Estados Unidos, entre la inmigración y la fertilidad, la pirámide de población está bastante equilibrada.

Handicap. Los expertos señalan que, en el caso de Europa, el problema se agrava por el sistema de bienestar logrado durante las últimas décadas. Por eso, hoy, el envejecimiento abre enormes desafíos y augura no menos problemas a los ciudadanos del continente. Si no se remedia a tiempo, puede llegar a ser un handicap serio para la eficiencia global de la sociedad y, especialmente, de la economía. Ante este panorama, las autoridades europeas han decidido retomar una de sus asignaturas pendientes y enumerar una serie de recomendaciones, destinadas a hacer de este periodo de la vida una nueva oportunidad. Ponerlas en práctica no será fácil. Además, la crisis y el tiempo corren en su contra: cada vez hay menos gente que trabaja, que consume, que ahorra y más personas que necesitan fondos públicos para subsistir.

Empresas poco preparadas Alfonso Jiménez, socio director de la consultora de recursos humanos People Matters, apunta que las empresas españolas no están preparadas para gestionar plantillas formadas por personas mayores, lo que supone un gran desafío para los directivos. “He estudiado las iniciativas innova-doras llevadas a cabo por las grandes empresas españolas en el tema de la gestión de personas y ninguna marca las líneas a seguir con este colectivo. Las medidas más urgentes que las autoridades deberían tomar son el freno de las salidas tempranas de las empresas y buscar incentivos a la contratación de personas mayores”. Sólo después habrá que hacer frente a otros asuntos, como la inmigración o impulsar las políticas de empleo.

De momento, la iniciativa que se ha plasmado en el denominado “Informe sobre el envejecimiento, 2009: proyecciones económicas y presupuestarias para los 27 estados miembros”, se enmarca dentro de la estrategia de Lisboa y supone un nuevo impulso a este problema que requiere una mayor coordinación de las políticas comunitarias. Entre sus objetivos prioritarios, el plan pretende promover la renovación demográfica, creando mejores condiciones para las familias, fomentar el empleo, aumentar la productividad, atender la inmigración y garantizar unas finanzas públicas sostenibles.

Punto de partida. Pero todos estos objetivos tienen una solución complicada. “Tanto la reducción de los efectivos en edad de trabajar, como la menor productividad de una población laboral envejecida son desfavorables para la actividad económica y, por tanto, para obtener los recursos necesarios que sostengan una población creciente de personas mayores”, advierte José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales. Hoy, por cada persona mayor de 65 años hay cuatro trabajadores y, en apenas diez años, la proporción caerá a dos empleados por cada jubilado. Y es que, sólo el 50 por ciento de los profesionales europeos supera los sesenta años en el mercado laboral. Si a esto añadimos la inminente llegada de la generación del baby-boom –los nacidos entre los años 1946 y 1964– al sistema de pensiones, las perspectivas no son nada halagüeñas.

Sin embargo, Herce se muestra optimista y reconoce que hay muchas maneras de contrarrestar ese proceso de envejecimiento. “Es cierto que en Europa se encuentran las naciones más envejecidas del mundo y las perspectivas son que esa tendencia siga aumentando, pero el fenómeno, en realidad, sólo consiste en que vivimos más, al tiempo que mantenemos la poco realista barrera de los 65 años para jubilarse”, apunta. Para él, es mucho más seria, por ejemplo, la amenaza de la caída de la natalidad, que en Europa no está descendiendo tanto como en otras potencias económicas: “Incluso hay países que alcanzan la meta de los dos hijos por mujer, necesarios para garantizar el reposicionamiento generacional”. Para lograr que esta cifra se expanda entre los Estados miembros, los distintos países deberían coordinar políticas destinadas a facilitar la conciliación, apunta este experto, y no tanto buscar incentivos económicos que subvencionen la maternidad.

Los inmigrantes. De momento, en Europa en general, y en España y Francia especialmente, las consecuencias se han amortiguado gracias a los flujos migratorios, pero esta solución es un arma de doble filo. En este equilibrio poblacional, la inmigración tiene mucho que decir y que aportar, siempre que creen las herramientas necesarias para gestionarla correctamente. “Por eso, es necesario que los gobiernos tomen medidas eficaces para permitir que las empresas encuentren los trabajadores que necesitan, en el momento en el que los necesitan. Pero hay que tener en cuenta que la inmigración debe ser selectiva y solucionar los movimientos ilegales. De momento, la inmigración ayuda a mantener el equilibrio de edades y la población activa, pero se trata de un colectivo en edad de trabajar, al que con el tiempo corresponderán pensiones y prestaciones”. La clave, en cada momento, está en lograr el balance entre la población activa y la población inactiva por causa de la edad.

Según Herce, el tamaño de la población beneficiaria tampoco es el principal problema del actual modelo de bienestar europeo. El gran problema ahora mismo es que ese sistema es cada vez más costoso. En muchas ocasiones es muy difícil evitar que las prestaciones económicas pierdan peso económico respecto a los salarios, por ejemplo, en el caso de las pensiones. Pero, otras prestaciones como las coberturas sanitarias o las derivadas de la dependencia, pueden gestionarse de manera que su coste sea cada vez menor. “La financiación pública de la asistencia a mayores tiene que llegar hasta donde no llegue la financiación privada, pero es que aquí también son necesarios algunos cambios”, añade Herce. Para este experto se trata de que las personas tomen una mayor conciencia de la gestión de sus patrimonios, ahorrando para el futuro, en lugar de pagar cotizaciones muy elevadas y lograr un modelo que contemple la parte pública y privada. Eso, logrando un regulación eficaz mediante sistemas de seguro obligatorio para evitar la desprotección de determinados colectivos.

En el mercado ya existen algunos productos que miran en esta dirección, pero no son suficientes ni están lo suficientemente probados. “Se trata de convertir los flujos de ahorro en capitales para el bienestar a un coste moderado cuando se está en la fase de la vida activa y volver a transformar esos capitales en flujos de renta y servicios vitalicios para esta etapa de la vida”, explica Herce, para quien esa transformación genera costes y riesgos y es donde hay que innovar.

España, el caso más grave Con siete millones de personas por encima de los 65 años, España lidera el ránking de los países más envejecidos: con una esperanza de vida para las mujeres de 81,9 años y de 75,8, para los hombres. Además, el número de personas mayores de 85 años equivale a la población total de una comunidad como el País Vasco, por ejemplo. Un dato que aumenta y que pone en peligro las coberturas asisten-ciales de gran parte de este colectivo, que cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de Europa. Según un informe de la Comisión Europea, en 2060, el gasto español relacionado con esta partida subirá a 9 puntos del PIB, cuando la media comunitaria se encuentra en el 4,7.

Otra de las maneras de hacer sostenible el modelo de bienestar es conseguir que la edad de jubilación se retrase lo suficiente como para reequilibrar el ciclo vital individual en el que cada vez pesa más la parte de vida posterior a la jubilación. La esperanza de vida aumenta, al tiempo que cada vez entramos más tarde en el mercado laboral y salimos antes de él. Según datos de la Comisión Europea, la tasa de población activa pasará del actual 70,5 al 74 por ciento en 2060. La tasa de empleo se situaría en ese momento en el 60 por ciento, lo que supondría una contracción del empleo de 19 millones de personas menos. De este modo, al disminuir la oferta de trabajo, la productividad debería ser el origen del crecimiento del futuro.

Con estas proyecciones, se espera que el gasto público derivado del envejecimiento aumente unos 4,75 puntos del PIB y más de 5 puntos en la zona euro. Los países que tienen mejores perspectivas para sus sistemas de pensiones son Bulgaria, Suecia, Portugal, Austria, Francia, Dinamarca, Italia, Letonia, Estonia y Polonia. En un grupo intermedio se encuentran Holanda, Finlandia, la República Checa, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Alemania y Hungría. Para equilibrar las cuentas, la Comisión Europea recomienda que se restrinjan las posibilidades de realizar prejubilaciones y aumentar la productividad laboral, mediante una mayor flexibilidad de horarios y contratos.