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Federico Cabello de Alba, director del área social y económica de Aequitas:

“La función notarial se verá modificada en el día a día con la entrada en vigor de esta vasta reforma "

Tras muchos años de anquilosamiento normativo, la discapacidad en nuestro país ha sido revisada jurídicamente en su práctica totalidad.

25/05/2021

La semana pasada se aprobó la Ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

"La dificultad más importante será el cambio de mentalidad. No ha sido casual que una reforma con cambios normativos de este alcance haya tardado tanto tiempo. Debemos hacer mucha pedagogía y trabajar por la aplicación correcta de la norma en el sistema: ahora, la persona con discapacidad es dueña de sus propias decisiones", ha señalado el notario Federico Cabello de Alba, director de Asuntos Sociales de la Fundación Aequitas.

La función notarial se verá modificada en el día a día con la entrada en vigor de esta vasta reforma: "Nosotros asistimos a todas las personas que acuden a la notaría para ayudarles a comprender el alcance de formar un determinado negocio jurídico. Esta situación debemos extenderla a las personas con discapacidad, adecuando nuestra actuación a sus necesidades. Nos adaptaremos para que estas personas se encuentren en una situación igual que los demás a la hora de ejercer sus derechos, en ningún caso sustituyéndolos".

"La principal novedad de la nueva legislación -prosiguió - es que se da preferencia a la vía notarial, gracias a nuestro contacto directo con las personas con discapacidad. El régimen de apoyos que puede ofrecer el notario es tan extenso que resiste cualquier sistematización. La persona acudirá a nosotros para establecer un sistema de apoyos que delimitará con libertad. En la escritura pública de fijación de apoyos se determinará el régimen de toma de decisiones".

Para analizar el impacto de la nueva normativa en el colectivo, Servimedia y la Fundación Aequitas han organizado esta mañana el diálogo Tras las reformas legales, las personas con discapacidad podrán tomar sus propias decisiones, que contó con la asistencia virtual de más de cien personas.

Moderado por el director general de Servimedia José Manuel González Huesa, contó con la participación de María José Segarra, fiscal para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores; Mª Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil; Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE; y el notario Federico Cabello de Alba, director de Asuntos Sociales de la Fundación Aequitas.

María José Segarra ha destacado que una reforma de este calado, que ha afectado a ocho normativas directamente, precisa "difusión, docencia y empatía. Tanto el fiscal, como los operadores jurídicos y la Administración deben realizar una labor de difusión y de apoyo a las familias, que viene reconocida en la ley. Esta docencia permitirá una mayor implicación en el crecimiento e igualdad de las personas con discapacidad, impidiendo figuras como la patria potestad prorrogada". "Lo prioritario es respetar la voluntad de la persona, tenga o no disfunción -puntualiza Segarra- En el caso de que necesite apoyos o no los haya previsto, se cambia el criterio: el interés se buscará salvaguardando sus preferencias, no suplantando su voluntad; ese debe ser nuestro criterio de interpretación".

"De los derechos a los hechos"

Rafael de Lorenzo expresó que la reforma "es un elemento de avance y de progreso del sector de la discapacidad. La ley es un éxito de la sociedad civil, estructurada en torno al CERMI, que ha trabajado en común buscando lo mejor para un colectivo de cuatro millones de personas y sus familias". El representante de la ONCE también quiso destacar "el esfuerzo de los diputados y senadores para enfrentarse a un proyecto de gran complejidad, que -por poner un ejemplo- ha modificado 249 artículos de diferentes leyes como el Código Civil o la Ley de Jurisdicción Voluntaria, todo ello, en apenas unos meses. Ahora lo que necesitamos es que se pase de los derechos a los hechos y que la ley se aplique correctamente por todos los operadores jurídicos". En este sentido, señaló el reciente acuerdo alcanzado entre CERMI y Consejo General del Notariado "que servirá de orientación a los notarios para que den respuesta a determinados asuntos prácticos ".

Mª Paz García Rubio, que desde la Comisión General de Codificación ha participado en el desarrollo el texto de la ley, demandó que algunas normas deben aún adaptarse, "como las relacionadas con el consentimiento informado en el ámbito de salud o las de investigación médica. Asimismo, hay que tener en cuenta que vivimos en un estado plurilegislativo en materia civil, por lo que se precisa que algunas Comunidades se adapten a la Convención de la ONU en la que se basa la nueva norma".

Rubio coincidió con sus contertulios en destacar la relevancia de la nueva normativa: "es una de las grandes reformas legales del siglo; después de la Constitución, la de mayor trascendencia, porque modifica el concepto de capacidad jurídica".

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