CERMI anuncia la puesta en marcha de una alianza para conseguir una óptima implantación de la Ley 8/2021

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En el marco de la jornada 'Más de un año tras la Ley 8/2021'

CERMI anuncia la puesta en marcha de una alianza para conseguir una óptima implantación de la Ley 8/2021

Durante la jornada se han llevado a cabo varias mesas redondas para valorar la evolución de la Ley desde su aprobación hasta ahora

17/03/2023

El asesor jurídico del CERMI Estatal, Óscar Moral, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de una alianza, liderada por CERMI, en la que participan conjuntamente diversas entidades sociales, como Fundación ONCE o Fundación Aequitas, cuyo objetivo principal es conseguir una óptima implantación y en el menor tiempo posible de la reforma en el apoyo a personas con discapacidad desde una posición proactiva, buscando soluciones y reforzando la información y formación necesaria para su buen éxito. Así lo ha afirmado este jueves en una rueda de prensa en el Senado de España, tras la presentación de la senadora por Cantabria del grupo parlamentario popular, Amaya Landín Díaz, en la que ha realizado una valoración de los casi dos años transcurridos de la entrada en vigor de la Ley 8/2021 y que se enmarca en la celebración de la jornada que ha acogido la Cámara Alta los días 15 y 16 de marzo bajo el título: 'Más de un año tras la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica'.

"No podemos esperar a que el tiempo corrija o asienten los aspectos más importantes de la reforma", ha señalado Moral, "creemos necesario promover acciones que faciliten y aceleren el proceso de implantación de esta reforma, facilitando que se consigan sus objetivos".

En este sentido, el asesor jurídico del CERMI Estatal ha hecho un llamamiento al resto de entidades del sector, así como personas relevantes del mundo de la discapacidad y a los propios protagonistas a los que afecta esta Ley, para que se sumen a esta alianza que "nos atañe a todos" y que promoverá acciones durante este año 2023 "con los actores más relevantes para el adecuado desarrollo de la reforma, como jueces, fiscales, notarios, Ministerio de Justicia, Agencia Tributaria, INSS, servicios sociales o abogados con el objetivo superar conjuntamente los obstáculos que nos encontremos por el camino".

Moral ha destacado que el balance general de estos casi dos primeros años de la reforma es "muy positivo" y que ha supuesto un "hito fundamental" en el trabajo de adaptación del ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como un "paso adelante en el respeto al derecho de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica". 

"Elegir nos hace personas libres y los sistemas políticos y las estructuras jurídicas deben facilitar el ejercicio de esa libertad", ha aseverado Moral.

No obstante, es una realidad que el despliegue de una reforma de esta transcendencia está suponiendo "un considerable reto", no sólo jurídico, sino también social y administrativo. En este sentido, los cambios impulsados por la ley 8/2021, "deben ir acompasados con un cambio del entorno, una transformación de la mentalidad social y un esfuerzo de formación y capacitación de todos los profesionales implicados que les permita partir de los nuevos principios que establece la reforma y evitar volver a los rasgos paternalistas de antaño", ha explicado el experto.

En relación al análisis de lo acontecido en el terreno judicial durante este tiempo, Moral ha querido hacer referencia al que está llevando a cabo el Observatorio de Jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, en virtud de un acuerdo promovido por Plena Inclusión España, y que involucra a la Asociación LIBER de entidades proveedoras de apoyo y al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.

Este Observatorio ha analizado 220 resoluciones judiciales de las que se extrae que, desde la aprobación de la reforma, se han incrementado los casos de jurisdicción voluntaria (del 7% al 28%), lo que va en línea con la Ley. Sin embargo, solo el 35% de las resoluciones analizadas respetan la voluntad de la persona con discapacidad y solo un 20% se acomodan completamente a la filosofía de la misma, si bien, ese porcentaje aumenta hasta el 50% si contemplamos la existencia de una acomodación parcial.

Unos datos que nos invitan a reflexionar sobre el "gran trabajo" que aún queda por hacer para alcanzar la potencialidad de esta norma necesaria que respeta la autonomía, la dignidad y la identidad de las personas con discapacidad.

Además de esta rueda de prensa, en el foro, coorganizado por el CERMI y la Fundación Aequitas y Fundación ONCE en colaboración con Plena Inclusión y Liber, han tenido lugar diferentes mesas redondas en las que expertos en asuntos jurídicos de la administración de justicia, la universidad y el movimiento asociativo han abordado la Ley 8/2021 y las reformas pendientes en algunas comunidades autónomas.

Situación en los diferentes territorios

La jornada ha comenzado con una primera mesa redonda que ha tratado la situación de la norma en los diferentes territorios y que ha contado con la participación de Rafael de Lorenzo García, secretario general del Consejo General de la ONCE, como moderador; Luis Gonzaga García, presidente de CERMI Aragón; Josep Maria Solé, de CERMI Cataluña; Luciano Fernández, presidente de CERMI Galicia; y Mariluz Sanz Escudero, presidenta de CERMIN (CERMI Navarra).

El presidente de CERMI Aragón ha explicado que, en su territorio, donde no ha entrado aún la Ley 8/2021 y aplica su propio Derecho Foral, se vive una situación muy dispar. "Mientras que los juzgados de familia de las capitales de provincia ya vienen aplicando desde hace 4 años unas normas muy cercanas a la Ley 8/2021, observamos que, en zonas más pequeñas, donde los juzgados no son especializados, esta aplicación está dando más problemas", ha señalado.

Por ello, el gobierno de Aragón ha creado una Comisión Técnica cuyo objetivo es "hacer incidencia sobre los operadores jurídicos y trabajar en la adaptación del Código Foral a la Ley", ha explicado Gonzaga.

Por su parte, Sanz Escudero, ha confirmado que en Navarra sí ha habido un cambio legislativo acorde a la reforma, "hemos cambiado más de 30 leyes de nuestro Derecho Foral".

Cuando se aprobó la Ley, el gobierno de Navarra decidió que el primer paso que debía dar era "informar y formar" a organizaciones, familias y operadores. "Aunque poco a poco vamos observando cambios estructurales, encontramos muchas familias a las que todavía les cuesta mucho ceder el poder de decisión a sus parientes con discapacidad", ha explicado la presidenta.

En Navarra también se creó una Comisión de Seguimiento, una figura "que ha sido fundamental" ante un cambio de paradigma tan importante donde cambiamos la suplantación de la voluntad de las personas, por el respeto y la autodeterminación de las mismas.

Para los presidentes de CERMI Galicia y CERMI Cataluña la aplicación en sus territorios de la Ley 8/2021 durante este año y medio ha sido "decepcionante".

Solé, por su parte, ha pedido que se garantice "un apoyo y unos defensores judiciales que conozcan bien la reforma". Además, ha señalado que "no existe suficiente participación de la persona", así como suficiente presencia de la figura de apoyo o "facilitador". "Es necesario el refuerzo de este punto ya que, ahora mismo, estamos muy lejos de conseguirlo", ha destacado.

Para Luciano Fernández, la aplicación de esta Ley incide en otros ámbitos jurídicos que entran en conflicto con la misma, como la prestación de servicios médicos, el reconocimiento de familia numerosa o la gestión de herencias. Por ello, ve necesario "crear un foro conjunto que dé solución a todos los problemas existentes y los que vayan surgiendo, para que se haga efectiva esta ley que defiende los derechos de las personas con discapacidad".

Con respecto a las medidas que deben tomarse para tener la garantía de una correcta aplicación de la Ley 8/2021, los cuatro representantes de CERMI, han coincidido en la importancia de ofrecer "información y formación" a todos los operadores implicados y a las personas con discapacidad y sus familias.

En este sentido, el representante de CERMI Aragón ha aludido a una figura contemplada en el Código Foral de su región que podría servir también de garantía, ya que juega un papel muy importante en la resolución de problemas y posibles conflictos del ámbito familiar: la 'Junta de parientes'.

Por su parte, Luciano Fernández ha querido hacer hincapié también en la importancia de "dotar a las personas con discapacidad de los medios técnicos, económicos, materiales y humanos" para que sean capaces de expresar correctamente su voluntad. "Esta Ley ha abierto una luz a la esperanza, por ello, es necesario que los medios, así como los tiempos de aplicación de la Ley, sean los correctos", ha pedido el presidente de CERMI Galicia.

La mesa ha dejado un claro mensaje común: la alianza de CERMI, Fundación ONCE y Fundación Aequitas "es fundamental para el avance de esta Ley".

El acto de clausura de la jornada ha contado con la participación del director de la sección jurídica de Fundación Aequitas, Manuel Rueda, y tres ex diputados de diferentes fuerzas políticas y patronos de la ONG del Notariado: Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ; Emilio Olabarría y Francisco Vañó.

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