13/01/2011
'Expansión' resalta también que la ausencia en Estados Unidos del notario como funcionario público provoca que no exista control de legalidad
El diario económico asegura que, en la crisis 'subprime' norteamericana, se facilitó la suplantación de personalidad al no existir documentación auténtica
A lo largo de las dos páginas de información, el diario económico ofrece una extensa explicación del funcionamiento del OCP, con datos del número de expedientes que ha tramitado en 2010 con indicios de delito, y sintetiza los motivos por los que la UINL aconsejó a sus socios la implantación del modelo del Notariado español.
También se detiene a distinguir la figura del notario latino de los notaries de los países anglosajones, que se limitan a “dar legitimación de firmas, normalmente para negocios o transacciones internacionales”, sin la consideración de funcionarios públicos, y a ahondar en las deficiencias que el sistema estadounidense de ausencia de control de legalidad preventiva ha aireado a propósito de la crisis de las hipotecas subprime o en materia de lucha contra la financiación del terrorismo internacional, por la carencia de datos sobre los auténticos propietarios de sociedades mercantiles. En este sentido, el reportaje hace hincapié en la Ley Levin Grassley-McCaskill, primera medida legislativa encaminada a generar controles de legalidad preventivos en Estados Unidos en el ámbito jurídico-mercantil.
Además, ofrece puntos de vista del notario de Ocaña (Toledo), Francisco Javier García Mas, ponente en representación del Notariado español en el XXVI Congreso de Marrakech de la UINL encargado de exponer el engranaje y los pormenores del OCP español, y de tres letrados Luis de Valle, de DLA Piper, Santiago Milan del Bosch, socio de Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira, y Vanesa Fernández Lledó, de Gómez Acebo & Pombo.
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