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Según manifestó José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Aequitas, en un encuentro realizado en la Escuela Judicial

"La Convención de la ONU pone de manifiesto la necesidad de salvaguardar la igualdad jurídica de las personas con discapacidad"

"La Convención de la ONU pone de manifiesto la necesidad de salvaguardar la igualdad de las personas con discapacidad. No cabe hablar ya de su incapacitación sino de respeto a la autonomía de las personas", manifestó José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Aequitas y del Consejo General del Notariado, en la inauguración de unas jornadas, en la sede de la Escuela Judicial, que dieron comienzo ayer y durarán hasta el próximo miércoles.

04/04/2017

Los Consejos Generales del Poder Judicial y del Notariado celebran un seminario sobre la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ: "la adaptación de la Convención de la ONU es una cuestión aún pendiente de nuestro Derecho".

Notarios, jueces, magistrados, fiscales, abogados y representantes de instituciones tutelares participan en mesas redondas y ponencias en estas jornadas que –bajo el título La Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad- organizan el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado.

Martínez Sanchiz resaltó la labor social realizada por los notarios en su día a día, vehiculada en gran medida por la Fundación Aequitas: “Como indica su nombre, Aequitas trata de asentar una relación de igualdad entre todos los seres humanos. Un objetivo que comparte con la Convención de la ONU; un tratado internacional que nos demuestra que la humanidad avanza. Los notarios abordamos el ámbito de la discapacidad al ayudar a las familias a realizar algunos de los actos más importantes de sus vidas, como el reparto de una herencia o la venta de parte de su patrimonio. Es clave traducir los apoyos que demandan las personas con discapacidad en soluciones jurídicas adecuadas”.

Por su parte Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial, miembro de su Comisión Permanente y del Área de Formación, apuntó en la ceremonia de apertura que “el encuentro se refiere a una cuestión aún pendiente de nuestro Derecho, como es la adaptación de la Convención de la ONU a los derechos de las personas con discapacidad. Las jornadas nos permitirán conocer el punto de vista de profesionales del Ministerio Fiscal o del Notariado, además de aprender de la amplia experiencia acumulada y del trabajo infatigable de los miembros de la Fundación Aequitas, de la que me honro en ser patrono y que realiza una importante actividad divulgativa y de protección de la Convención, además de participar activamente en el Foro Justicia y Discapacidad”.

La importancia de la formación para el máximo órgano de la Judicatura fue uno de los principales argumentos de la intervención del vocal: “Para el CGPJ, la formación es una prioridad, sobre todo este año en que se cumple el 20º aniversario de nuestra escuela judicial. Prueba de su importancia es la alta valoración que los miembros de la carrera judicial tienen del servicio de formación y del Cendoj; un 70 por ciento según una encuesta de Sigma 2 la evalúa positivamente.  Hemos modificado nuestra acción formativa para mejorar la eficacia del servicio incluyendo la colaboración con otras instituciones, como es el caso de la presente jornada que realizamos junto al Notariado y Aequitas. A pesar de que este año contamos con 23 millones de euros menos de presupuesto en el CGPJ, hemos incrementado las acciones de formación continua en un dos por ciento; con la participación de 3.123 jueces y magistrados”.

“Queremos ratificar el compromiso del CGPJ con los Derechos de las personas con discapacidad y su acceso a la Justicia como una de nuestras políticas activas. Por último, me gustaría agradecer la colaboración del Consejo General del Notariado, con quien mantenemos diversos convenios en materia formativa y una estrecha vinculación que nos enriquece”, concluyó Cuesta. 

El magistrado del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho, pronunció la conferencia inaugural haciendo hincapié en la trascendencia que supone  la citada Convención “que se ha convertido en un revulsivo para las personas afectadas por una discapacidad al recordar algo obvio: ya no hay duda de que gozan de la titularidad de los mismos derechos que los demás. Las personas mayores, que  sufren deterioros cognitivos deben atender exigencias del tráfico jurídico como una venta o reclamar una pensión; es en estos casos donde aflora la necesidad de declarar la capacidad de una persona y donde los notarios prevén muchas soluciones adecuadas para este tipo de situaciones”.  

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