“La esclavitud sigue existiendo, a pesar de que fue abolida hace más de un siglo”

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Según manifestó Belén Valverde, galardonada con el Premio Aequitas de Investigación Jurídica

"La esclavitud sigue existiendo, a pesar de que fue abolida hace más de un siglo"

"A pesar de que fuera abolida hace más de un siglo, basta con indagar un poco para saber que la esclavitud sigue existiendo, que es un destacado motor económico y afecta a una gran cantidad de personas. Hoy es un día importante gracias a que una institución como la Fundación Aequitas de los notarios ha aportado un granito de arena en la lucha por el reconicimiento y efectividad de los derechos de los colectivos más vulnerables, como las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud", ha declarado la abogada Ana Belén Valverde al recibir el XV Premio Aequitas de Investigación Jurídica.

24/01/2017

El galardón,  dotado con 6.000 euros, le ha sido concedido por su trabajo La protección jurídico- penal de las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud a la luz del Derecho internacional, europeo y nacional

El acto estuvo presidido por José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, a quien acompañaron José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Aequitas y del Consejo General del Notariado (CGN), y  Álvaro Lucini Mateo, secretario de ambas instituciones.

 Este certamen nació en 2002 con el objetivo de galardonar los mejores trabajos de investigación destinados a mejorar la protección jurídica de los colectivos sociales más vulnerables, como las personas con discapacidad, mayores, inmigrantes, infancia y refugiados, entre otros.

José Manuel Maza, puso de manifiesto el total compromiso del ministerio fiscal con la protección jurídica de las personas con discapacidad, ámbito en el que la Fiscalía General de Estado “desarrolla una amplísima actividad. Esta protección entra dentro de nuestras funciones tradicionales, a pesar de que no es suficientemente conocida por la mayoría de los ciudadanos. En mi nombramiento, aún reciente, como Fiscal General del Estado, reiteré este compromiso que tenemos por la defensa de los más vulnerables y que hacemos extensivo a instituciones como la Fundación Aequitas o el Foro Justicia y Discapacidad”.

Por su parte, José Ángel Martínez Sanchiz, resaltó la estrecha colaboración del Notariado con la Fiscalía General del Estado en la protección jurídica de los más vulnerables, así como la calidad de los trabajos “todos ellos merecedores del primer premio, con un nivel jurídico y una sensibilidad propia de la Fundación Aequitas”. Para el presidente de la ‘ONG del Notariado’, la labor de Aequitas, concierne a un aspecto fundamental de la vida jurídica y al tratamiento de las personas: la humanidad”.

Ana Belén Valverde definió su obra como “un concienzudo análisis sobre el tratamiento jurídico de los conceptos de esclavitud, servidumbre, trabajos forzosos y trata de personas, donde se describen sus elementos esenciales y cómo se han interpretado en la jurisprudencia internacional”. Un ensayo que ambiciona “aportar otra perspectiva a la lucha contra un fenómeno que se mantiene conscientemente semioculto” en el mundo actual. 

El accésit de este año -dotado con 3.000- ha sido compartido por dos trabajos: La accesibilidad universal en la edificación y Discapacidad por daño sobrevenido y sus efectos en el ámbito jurídico laboral.

El primero, realizado ex aequo por Juan Carlos Martínez Ortega, presidente de la Unión Profesional de Auxiliares del Notariado (UIPAN) y Juan Pablo Pérez Velázquez, abogado y mediador, analiza la accesibilidad a los inmuebles en nuestro país, considerando que  no están lo suficientemente acondicionados para ciudadanos con discapacidades físicas. La obra constata “la difícil realidad del parque inmobiliario español, pues la mayoría de edificaciones son antiguas, careciendo de los mínimos estándares de calidad, y mucho menos, incluyendo medidas de accesibilidad.”

El segundo accesit, de Elva Rodríguez Ruiz, terapeuta ocupacional y doctorada en Derecho, “aborda el papel de los ajustes razonables, la adaptación del puesto del trabajo y la bondad de utilizar la figura del terapeuta ocupacional como profesional competente para la evaluación e implementación de las políticas públicas que afectan a la articulación de nuevos mecanismos que fomenten la inclusión del colectivo discapacitado”.

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