21/05/2021

Con el impulso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con la coordinación y la unidad de la discapacidad y el esfuerzo invertido por amplios sectores sociales y jurídicos, como la Fundación Aequitas, este texto normativo posiciona a España a la vanguardia de la Legislación Europea.

Esta reforma supone que España asuma el compromiso de dar cumplimiento a Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Desde entonces la Fundación Aequitas ha promovido numerosas actividades (jornadas, charlas, estudios, publicaciones...) para difundir su contenido y demandar su transposición a nuestro ordenamiento legislativo. Asimismo, la 'ONG del Notariado' presentó a todos los grupos políticos diferentes enmiendas e intervino en el trámite parlamentario para contribuir a la mejora del Proyecto de Ley. En su momento, la directora de la Fundación, Almudena Castro-Girona, intervino en la Comisión de Justicia para informar sobre el proyecto.

Refuerzo de la función notarial

Para Castro-Girona “con la nueva Ley la labor de los notarios será un elemento clave para apoyar y asesorar a las personas con discapacidad y sus familias. Hasta ahora, para que las personas con discapacidad pudieran ejercitar sus derechos, ya fueran patrimoniales (compraventa o préstamos hipotecarios), personales (actas, poderes…), familiares (capitulaciones matrimoniales, matrimonio, reconocimiento de hijos, divorcio…) o sucesorios (testamentos y particiones hereditarias…) tenían que solicitar la incapacitación judicial, que sustituía su toma de decisiones y su autonomía de la voluntad. A partir de ahora se regulariza un modelo basado en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones".

"Esto implica que las personas con discapacidad podrán acudir al notario y determinar libremente un sistema de apoyos. Designarán quién debe prestarles apoyo, qué alcance tendrá ese apoyo y cómo se puede garantizar la salvaguarda de su voluntad.  Este sistema no es cerrado, es un ‘traje a medida’ con los apoyos que mejor le convengan. El sistema se configurará en escritura pública y el notario asesorará sobre lo más conveniente para la persona con discapacidad y su familia”, señala la directora de Aequitas.

En cuanto a las medidas judiciales, que son subsidiarias, se desvinculan de la incapacitación, que se tramitarán con carácter general en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Asimismo, se regulan la curatela, que solo excepcionalmente será representativa, la guarda de hecho y el defensor judicial.

"En definitiva, la reforma plasma la doble función del notario como autoridad y apoyo institucional, tal y como señaló la Relatora de Naciones Unidas de 2017, en el informe que presento a la Asamblea General de Naciones Unidas", concluye la notaria.