La pregunta de la semana

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Cuando se ha acabado de pagar el préstamo hipotecario quedaría un último paso: la escritura pública de cancelación de la hipoteca. La firman solo los representantes de la entidad financiera a solicitud del deudor. Posteriormente se debe realizar la autoliquidación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que, según los casos y comunidades autónomas, podría estar exenta de ese impuesto. Finamente, se debe inscribir la escritura de cancelación en el Registro de la Propiedad. El coste dependerá del capital prestado. 

Su hermano solo puede obligarle a venderla si él ejercita la llamada acción de división, que debe reclamar judicialmente. En ese caso el juez puede decretar la venta en pública subasta y el precio que se obtenga se repartirá entre los dos. Por el contrario, uno  sí puede exigirle al otro hacer las reformas, siempre que se trate deconservación de la casa. Incluso la ley prevé que cualquiera de los copropietarios puede hacerlas y repercutir después a los otros la parte proporcional de su cuota de propiedad. Sin embargo, esta situación sería muy diferente si se tratara de cambios de destino de la edificación o de reformas materiales sustanciales como  convertir en unifamiliar una casa de dos pisos o viceversa, entonces sí que haría falta el consentimiento de los dos y ninguno podría obligar al otro.

En primer lugar le diré que ningún documento notarial puede ser ficticio. El documento público notarial se caracteriza por todo lo contrario, por su autenticidad, su validez probatoria y por su extraordinaria eficacia en todos los ámbitos. La operación que plantea usted es perfectamente posible e incluso habitual. Se trataría de formalizar una escritura de permuta entre usted y sus padres. Debe saber que cualquier transmisión de dominio lleva aparejada la obligación de satisfacer los correspondientes impuestos. En este caso, cada parte -usted, y sus padres- pagarían los correspondientes a su adquisición, como si se tratase de dos compraventas.

Un poder notarial queda revocado o sin efecto por la pérdida de capacidad de la persona que da el poder, también llamado poderdante. Eso no ocurre cuando se otorgan otro tipo de poderes, como los poderes preventivos con subsistencia de efectos. Como su propio nombre indica, estos poderes seguirán subsistiendo cuando el  poderdante pierda la capacidad de manifestar su voluntad. Estos poderes pueden ser también revocados por quien ha dado el poder mientras tenga capacidad, o por el juez si procede a incapacitar a esa persona.

Si no cuenta usted con ese poder preventivo es comprensible que el banco piense que ha podido quedar revocado. Otra cosa es que en el banco digan que no saben si su madre ha revocado el poder. Si cree que ese es el caso, podría resolverlo acudiendo al notario que lo autorizó para que certifique que en su protocolo no consta que ha sido revocado.

Con el certificado o partida de defunción de la persona a quien cree que puede heredar, tiene que obtener del Registro General de Actos de Última Voluntad el certificado de últimas voluntades, en el cual constará si la persona fallecida hizo o no testamento, ante qué notario y en qué fecha. También puede acudir a su notario para que haga esta consulta y tramitación en su nombre. Con ese dato, podrá solicitar y obtener del notario correspondiente una copia del testamento que le dará si a usted se le menciona en él o si por  Ley se le reconoce el derecho a heredar a la persona fallecida.

Si el notario ante el cual se otorgó el testamento hubiera fallecido, se hubiera jubilado, o se hubiera trasladado, puede utilizar nuestro buscador, situado en la página de inicio de esta web, para localizar al notario que custodia ese protocolo. En caso de que no disponga de los datos que requiere el buscador, puede acudir al Colegio Notarial de su comunidad autónoma o a un notario para que le informen.

Si el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad dijera que no hay testamento deberá acudir a un notario competente para hacer la declaración de herederos abintestato. Básicamente serán competentes los notarios del lugar en que tuviera el fallecido su residencia habitual, o de donde tuviera la mayor parte de su patrimonio, o de dónde hubiera fallecido, o de un distrito colindante a todos ellos.

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