28/06/2013

El presidente del Consejo, José Manuel García Collantes, comenzó su intervención señalando que la futura Ley de emprendedores, “no sólo interesa, sino que resulta indudablemente necesaria”, por lo que requerirá de un “enorme esfuerzo” de los agentes económicos, sociales y jurídicos, “para que salga adelante con el mayor consenso posible”, de forma que “contribuya a sacar a España de la crisis en la que está inmersa”. También incidió en que la constitución de empresas ante notario ofrece las máximas garantías jurídicas y agilidad. García Collantes recordó que los escollos que obstruyen la celeridad en el proceso de creación de sociedades “no son las escrituras públicas, formalizadas en menos de 24 horas, sino otros cuellos de botella que persisten en este procedimiento, como las inscripciones en los registros mercantiles, o posteriormente las licencias municipales”, tal y como atestigua, año tras año, el informe Doing Business del Banco Mundial. García Collantes señaló la “importancia de la escritura pública notarial en la creación de empresas” y la agilidad demostrada por el Notariado, algo que resalta el propio Doing Business, en cuyo diagnóstico sobre España, “premia a los notarios por su elevado grado de seguridad y la rapidez de constitución, en menos de 24 horas”. En consecuencia, “el problema no está en la escritura pública, sino en el retardo calificador de los registros y en la demora en los procesos de concesión de las licencias municipales”.

También destacó “la importancia de que todas las notarías vayan a ser PAES, dado que existen más de 2.600 repartidas por todo el país, incluso en pueblos de menos de 1.000 habitantes”. En ellas, en menos de 24 horas, el notario creará la empresa y realizará todos los trámites por vía electrónica, incluido el envío de la declaración de responsabilidad, que sustituye a las licencias municipales necesarias para abrir un negocio.

Para García Collantes en el texto de la futura Ley de emprendedores se echa en falta una especificación clara de los bienes que no van a quedar afectados en caso de impago dentro del concepto de empresario de responsabilidad limitada, con objeto de que “se delimite claramente las fronteras patrimoniales”, incluso si, en este terreno, la norma “va a quedar reducida a la salvación de la vivienda habitual”. ”. En relación con que no se exija la aportación de un capital mínimo, el presidente del Notariado dudó de que “los posibles beneficios de esta medida compensan la inseguridad jurídica de infracapitalización”.

A Collantes tampoco le convence la “excesiva amplitud del concepto de emprendedor”, porque “choca con la que impera en el Código Mercantil” y porque “comprende a todos los directivos de la sociedad, entidad o persona jurídica, lo que podría acabar distorsionando el espíritu emprendedor.

Visión de empresarios y autónomos

Las aportaciones del colectivo de autónomos y de las pequeñas y medianas empresas sobre la futura Ley de Emprendedores corrieron a cargo de ATA y Cepyme.

Lorenzo Amor, máximo dirigente de ATA, recordó que en los cinco primeros meses de 2013 se han dado de alta 1.900 nuevos autónomos. Es decir, que a ellos se deben ocho de cada diez nuevos negocios iniciados en España. Esto a pesar de que no existe financiación y que la apertura de un negocio  enfrenta todavía obstáculos notables, fundamentalmente con las Administraciones Públicas. Amor puso como ejemplo que se tarda más de un año en obtener una licencia de impacto medioambiental y el peregrinaje que debe realizar el emprendedor “de ventanilla en ventanilla”. En este sentido, reclamó que la Ley de emprendedores amplíe el número de actividades exprés; reduzca los plazos de concesión de los informes de adecuación medioambiental; cree una ventanilla única para la realización de todos los trámites, que podrían ser los ayuntamientos y las notarías; y que sea compatible con la reforma de las Administraciones Públicas, para que se facilite tanto la creación de la empresa como su puesta en marcha. Amor también puso sobre la mesa algunos vacíos legales que deja entrever el anteproyecto, como la nueva figura del empresario de responsabilidad limitada a la que auguró un escaso éxito, porque el emprendedor “sólo podrá salvar su vivienda, al no establecerse, por ejemplo, un mínimo no embargable para casos de morosidad o impagos a la Seguridad Social. Al emprendedor se le puede embargar hasta el último euro”, recalcó. En su opinión hubiera bastado con desarrollar el Estatuto 10 del trabajador autónomo.

También señaló poca claridad en la determinación de los cauces de financiación, y su extrañeza porque no se hayan incluido vías de financiación y estímulos fiscales a la persona física. El dirigente de ATA propuso la creación de un documento notarial de préstamo en el que figure desde la cantidad, a los tipos de interés y la modalidad de pago, y que estuviera a disposición de la Agencia Tributaria.

Para José Alberto González-Ruiz, de Cepyme, el aspecto esencial que frena la creación y que provoca el cierre de empresas es la falta de crédito. Según sus datos, entre enero y marzo de este año se cerraron más de 1.700 empresas y, desde el inicio de la crisis, han desaparecido 230.000 pymes y 350.000 autónomos.

Para el dirigente de Cepyme, el tiempo y el coste que se tarda en abrir un negocio se deben mejorar, porque sigue existiendo una evidente falta de coordinación entre las diferentes administraciones públicas. También señaló que el anteproyecto debería tener en cuenta la “falta de formación” de no pocos emprendedores para utilizar formularios telemáticos que resultan ser “meras transcripciones de documentos físicos”, porque el 70%, según cálculos de la patronal de las pymes, “siguen prefiriendo hacer una gestión presencial”. En España, precisó, “sigue habiendo una importante brecha digital”.

A su juicio, el articulado de la nueva ley debería tener en cuenta factores importantes como el ciclo económico recesivo, la drástica restricción crediticia o la excesiva bancarización del sistema productivo español.

Enfoque del Gobierno

Manuel Valle, director general de Industria, defendió los esfuerzos de los ministerios económicos en la redacción “de una ley equilibrada, que aborda todos los aspectos que preocupan a empresas y emprendedores”.

Valle destacó la puesta en marcha de Emprende en 3, que hará posible reducir los trámites, proyecto al que espera que se “adhieran los ayuntamientos y las comunidades autónomas”. Según señaló “este proyecto permitirá realizar todos los trámites de creación de una empresa por vía telemática y solo será necesario pasar una vez por la notaría “en aras de la seguridad jurídica”.

Aun así, admitió que la redacción actual “carece de un bloque específico sobre financiación por la urgencia en la elaboración del texto”, si bien citó aspectos que sí han quedado bien regulados en esta materia como “la segunda oportunidad, para lo que consideró clave las remisiones constantes de la norma a las resoluciones extrajudiciales”, o reformas complementarias en marcha tan importantes como la de Educación, con cauces en la Ley de emprendedores como los visados para la captación de talento, sobre todo en el terreno de la I+D+i y las tecnologías, o la inserción en el texto de peticiones sectoriales o profesionales como “la de favorecer el IVA de caja”, a instancia de ATA, o el uso de los libros telemáticos, de una contabilidad simplificada o de una lista corta pero precisa de normas de higiene en el trabajo.

Pedro Llorente, alto cargo del Ministerio de Empleo, definió la segunda generación de reformas estructurales que ha emprendido el Ejecutivo, tras los cambios urgentes en materia de ajuste presupuestario y reestructuración del sistema bancario, como una agenda legislativa multidisciplinar que persigue el objetivo básico de crear empleo. Para ello, señaló, es básico que se creen empresas, por lo que el Gobierno se ha marcado tres objetivos: la reducción de los costes y las trabas burocráticas; el impulso de la financiación y la lucha contra la morosidad, y el fomento de la cultura emprendedora en España. En este contexto es en el que se inserta la futura Ley de emprendedores, pero también la de unidad de mercado, la reformas de las Administraciones Públicas o las medidas para potenciar la contratación laboral juvenil después de la reforma del mercado de trabajo. A este respecto, Llorente precisó que la Ley de emprendedores “va a jugar un papel fundamental en el desafío del Gobierno de que la economía española genere empleo con crecimientos menores del 3%”.