16/03/2023

El presidente del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, puso ayer en valor la alianza creada por CERMI, Fundación ONCE y Fundación Aequitas para la consecución de una transformación social real y el desarrollo de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Así se puso de manifiesto durante la apertura de la jornada “Más de un año tras la Ley 8/2021”. Un acto que se está celebrando los días 15 y 16 de marzo en la sede del Senado, coorganizado por CERMI, Fundación ONCE y Fundación Aequitas, con la colaboración de Plena Inclusión y Liber (Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones).

Luis Cayo Pérez Bueno destacó la “gran productividad” de la alianza fraguada entre las tres entidades en el desarrollo de la Ley 8/2021, una norma que ha sido “un completo acierto, un hito y un instrumento que ayuda y apela a las conciencias, a la cultura y al ordenamiento jurídico”.

Esta ley fue calificada por Pérez Bueno como una “ley proceso”, ya que se trata de una norma que, “a pesar de no ser inmediata, provoca un cambio social mantenido en el tiempo”.

En este sentido, el presidente del CERMI quiso hacer “una llamada a la confianza” recordando a todos los presentes que “estamos ante un buen producto legislativo con muchas posibilidades”, pero es natural que un cambio “tan mayúsculo” necesite de mucho tiempo, “quizá una década, para que podamos ver toda su potencialidad”.

“Es nuestra obligación convencer al resto de comunidades autónomas que aún no han acogido esta norma de que lo hagan para ser capaces de completar el cambio y, así, ver resultados”, aseveró Pérez Bueno.

El acto de inauguración corrió a cargo del presidente del Senado, Ander Gil; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; el presidente del Consejo General del Notariado y de Fundación Aequitas, José Ángel Martínez Sanchiz; y la directora de Fundación Aequitas y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL), Almudena Castro-Girona.

Durán quiso destacar el trabajo “ingente” de todos los operadores jurídicos y profesionales del derecho para desarrollar una ley que “da un paso más en la igualdad de trato” y permite a las personas con discapacidad tener “autodeterminación”. “Las personas con discapacidad tienen que sentirse dueñas de sus decisiones”, ha afirmado.

Esfuerzo titánico

Además, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE ha querido hacer hincapié en el esfuerzo “titánico” que supone el hecho de amoldar estos apoyos a cada persona con discapacidad. “El reto de que esta ley llegue a cada persona con los ajustes necesarios para cada necesidad, es un esfuerzo a la altura de la calidad de los que están trabajando en ello”, ha aplaudido.

Por su parte, Martínez Sanchiz declaró que esta Ley 8/2021 “constituye un marco de referencia mundial pues ha conseguido trasponer de la manera más completa lo que persigue la Convención de Nueva York y es un referente a estudiar y a seguir en otras legislaciones, como me consta que está ocurriendo en América y ocurrirá probablemente en Europa”. “Esta norma nos muestra la necesidad de apoyos mutuos e implica un beneficio para el conjunto de la sociedad, ya que ha incrementado la libertad. A los notarios se nos ha encomendado una gran responsabilidad”.

El presidente del Senado, Ander Gil, finalizó este acto recalcando que esta ley nos afecta a todos ya que “los Derechos Humanos son universales y deben ser universalmente exigidos”. Además, destacó que la discapacidad forma parte de la diversidad humana y, por ello, “la inclusión y la pertenencia a la comunidad son garantía de transformación social”. “Con esta ley hemos cortado esa brecha de injusticia”, ha finalizado.

Tras la apertura, dio comienzo una primera mesa redonda que trató el impacto que tiene la Ley 8/2021 sobre las personas con discapacidad y que contó con la participación de Gregorio Saravia Méndez, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, como moderador; Álvaro Martín-Moreno, director general de Fundación KYRIOS; Salvador Martínez Baringo, de Fundación GranadaDown; Maria Pino, de Fundación Futucam; y Daniel Gil López, de Fundación  KYRIOS.

Martín-Moreno explicó que las entidades de apoyo tienen aún mucho camino que recorrer, pero que aplauden esta ley que “acaba con el criterio proteccionista preventivo” y que supone que “por fin conseguimos que la legislación española esté en sintonía con los Derechos Fundamentales”.

Martínez Baringo consideró que esta ley “protege nuestros derechos fundamentales y respeta la dignidad y voluntad de las personas con discapacidad”.

Para Gil López, esta ley supone “un avance muy importante y un paso más para desarrollarme como persona teniendo en cuenta mi voluntad, mis deseos y mis preferencias”