22/11/2024

La apertura estuvo a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, y de David Martínez García, director ejecutivo de Transparencia Internacional España. Martínez Sanchiz destacó que “desde 2005, el Notariado contribuye activamente en esta lucha a través de su Órgano Centralizado de Prevención (OCP), que hace más de 10 años puso en marcha una Base de Datos de Titular Real (BDTR) pionera en Europa”. Además, agradeció la organización del seminario y subrayó que “la ingeniería delictiva tras estas prácticas representa una lacra que afecta gravemente al mundo moderno: no es delincuencia de cuello blanco, sino que detrás se encuentran las realidades más desagradables”.

Por su parte, David Martínez García, director ejecutivo de Transparencia Internacional España, cerró el evento recordando que desde 2014, con los principios de alto nivel sobre la transparencia de la titularidad real adoptados por el G20, la comunidad internacional ha avanzado en este terreno, aunque no siempre de forma efectiva. “Las filtraciones como los Papeles de Panamá y Pandora subrayan la necesidad de actuar con firmeza para garantizar que la información sobre los verdaderos propietarios de las personas jurídicas sea precisa y accesible”, afirmó.

El seminario abordó, a través de dos mesas redondas, los desafíos en la calidad y el acceso a los datos del registro, destacando la importancia de la cooperación entre organismos públicos y privados.

En la primera mesa, titulada “Evolución y desafíos de la titularidad real en España”, se discutieron los retos tecnológicos y legales en la implementación del Registro Central de Titularidades Reales (RECTIR), una herramienta creada en 2023 que reúne datos de más de 100 bases estatales y autonómicas. Antonio Fuentes, subdirector general del Notariado y de los Registros, señaló que “los desafíos que vienen son mucho mayores que los que tenemos ahora. El Registro Central de Titularidades Reales se puso en marcha en 2023. Tenemos más de 100 bases de datos a integrar, algo sumamente complejo. Se tienen que incorporar datos de todas las personas jurídicas españolas (sociedades, asociaciones deportivas, cooperativas, fundaciones, etc.). Estamos inmersos en el volcado de todos esos datos de una manera homogénea para que sea de utilidad para todas las personas que posteriormente consulten el registro. Hemos estado trabajando en crear una estructura común y esperamos que se sigan incorporando paulatinamente”.

Sergio Tresguerres, del Tesoro, reflexionó sobre el cambio de paradigma que representa la titularidad real en Europa, considerándola un elemento esencial en la lucha contra el crimen financiero. Francisco Córcoles, del SEPBLAC, subrayó que “el objetivo de las políticas que aplicamos no es prevenir el blanqueo, sino a través de esto prevenir la actividades delictivas”. Carlos Balmisa destacó la necesidad de avanzar en blockchain, alertas automatizadas e inteligencia económica para mejorar la gestión de la titularidad real.

También destacó la participación de Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, quien señaló que “la BDTR del Notariado cuenta con información de más de tres millones de personas jurídicas. Diariamente los notarios autorizan cerca de 1.000 operaciones que pueden afectar a la titularidad real y nuestro sistema permite identificar al titular real de manera eficiente en tiempo real”.

Durante su intervención, García Fresno hizo referencia a los avances tecnológicos que han permitido al Notariado español liderar en identificación de la titularidad real. "En 2010 empezamos a guardar el gran volumen de información que nos remitían los notarios españoles. No era complicado almacenarla porque todas las operaciones que autorizan los notarios se graban de manera centralizada y electrónica mediante el Índice Único Informatizado Notarial. Además del desafío tecnológico, nuestro reto entonces era calcular la titularidad real de manera eficiente y rápida. Ahora mismo, nuestro sistema es capaz de calcular en el momento quién es el titular real de una persona jurídica", señaló.

En la segunda mesa redonda, titulada “La titularidad real como herramienta clave para la investigación, la diligencia debida y la cooperación: la experiencia de autoridades y sujetos obligados”, expertos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria compartieron experiencias y retos. Silvia Orna, de la Policía Nacional, destacó que la clave está en conocer no solo la titularidad “de derecho” sino también la “de hecho”, y señaló la necesidad de herramientas de Big Data para manejar la ingente cantidad de datos disponibles. Alberto Thiery, de la Agencia Tributaria, explicó cómo herramientas de inteligencia artificial, como “ZUJAR”, permiten identificar patrones de titularidad en segundos, mientras que Fernando Palomo y otros expertos subrayaron la utilidad operativa de la BDTR en las investigaciones.

La jornada concluyó con un espacio de preguntas y reflexiones sobre la cooperación internacional y la necesidad de seguir fortaleciendo las herramientas de transparencia. “La titularidad real debe ser un eje central en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, y España está dando pasos firmes en esa dirección, aunque el camino no está exento de retos”, resumió David Martínez García en sus palabras finales.

David Martínez también destacó que las autoridades nacionales responsables de descubrir los flujos financieros ilícitos (como las administraciones tributarias, las fuerzas de seguridad y las unidades de inteligencia financiera) no deberían ser las únicas con acceso a los registros. "Las autoridades extranjeras utilizan los registros para localizar posibles transacciones sospechosas en todo el mundo. Las entidades obligadas, (como varios de los que están aquí y que también han compartido en la segunda mesa) necesitan acceder a estos datos para realizar comprobaciones suficientes. Los inversores también lo necesitan, para asegurarse de que no trabajan con socios sospechosos o corruptos. Asimismo, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil utilizan los registros para sus investigaciones con el fin de identificar los flujos financieros ilícitos y comprender los riesgos y las lagunas jurídicas y tecnológicas para impulsar un advocacy hacia un marco coherente y eficaz”.